Desde la antigüedad se consideraba derecho fundamental rebelarse contra la opresión. Tal derecho “es reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que teniendo origen legítimo han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad” (Marsavelski, Aleksandar).
Implícito está en la Declaración de Independencia de EEUU (1776): «la ley natural le enseña a la gente que el pueblo está dotado por el creador de ciertos derechos inalienables y puede alterar o abolir un gobierno que destruya esos derechos».
En forma explícita quedó en Francia en Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto 1789, hace 228 años): “La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre”. Y consagra en su primera norma: “Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública”.
A los 6 años, el 10 de mayo 1795 y pese a limitaciones informativas de la época, proclamó esos ideales en Curimagua, sierra de Coro, el zambo José Leonardo Chirino. Su insurrección buscaba establecer república y abolición de la esclavitud. Y dos años después, 16 de julio 1797 los invocó en La Guaira la rebelión de los Capitanes de Artillería Manuel Gual y José María España, que consideran primer movimiento independizante de América.
“Yo pienso establecer en esta ciudad una República como la de Norteamérica, y lo mismo que la de Francia”, declararía el primero.
Para desvergüenza humillante, hoy Venezuela se encuentra en lista negra (países que requieren atención especial) de la ONU por violación de Derechos Humanos (DH). Era rutina presentación de casos a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La persistencia la atribuyo este órgano consultivo de OEA a “un agravamiento de la situación de la seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e integridad personal y un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas”.
Por eso el autoritario régimen se retiró de dicho organismo, como luego lo haría el glorificado Hugo Chávez con la Corte IDH, tras ignorar 16 sentencias condenatorias y acusarla de ser «un brazo del imperio» estadounidense.
Ahora el que nos legó rechazó por “ruin y parcializado” informe del Alto Comisionado de la ONU, que expone violación de DH.
El despotismo lleva a fijar miradas del mundo en vulneración del fundamental derecho, comenzando por el Papa Francisco y unas 20 opiniones entre las que sobresalen EEUU, OEA, Onu, Unión Europea, España, Alemania, Italia, Canadá, israelí.
Señalemos ilustrativos datos recientes de la crisis humanitaria a la cual nos hace adolecer el castrocomuismo.
Estadísticas del Foro Penal contabiliza 5 mil 326 presos desde el inicio de protestas antigubernamentales, el pasado 1ro de abril. De ellos 655 son procesados por tribunales militares. Y 1.048 aún continúan detenidos.
Unas 130 asesinados y 2 mil heridos en su gran mayoría jóvenes, causa el narco régimen castrense, con el abuso de Guardia Nacional y Policía.
Liborio Guarulla, Gobenador de Amazonas, indicó que 37 reos murieron en masacre en cárcel de Puerto Ayacucho y 14 funcionarios fueron heridos. Ocurrió en toma de ese penal, por la Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores, “paz y justicia”.
¿Qué se puede esperar de un pueblo que además de lo esbozado, los narcocastrenses con sus armas y torturas someten a la general hambruna –los tradicionales se caracterizan por acciones cívicas? Pues, que ejecuten el mandato fundamental que expresa el título de la columna.
Al margen: En el mundo, incluido el Papa hablan de los presos políticos, en los acuerdos políticos se olvidan y para Globovisión son los “denominados”. El calificativo avergüenza. [email protected].
