Tras una reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, magistrados de Venezuela, nombrados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, rechazaron la Constituyente liderada por el Gobierno de Nicolás Maduro en el país sudamericano y argumentaron que «llevarían crisis del país a la Corte Penal Internacional».
El 24 de agosto, durante su visita a Washington, los magistrados declararon que tuvieron que salir de Venezuela porque están bajo orden de arresto, argumentaron además que «la Constituyente es nula y viola principios fundamentales y valores de la Carta política bolivariana».
«Es evidente que la instalación de esta Constituyente busca un Estado autoritario que promulga actos ilegítimos», precisaron los Magistrados en un comunicado.
«Esta Constituyente no produce un efecto jurídico válido (…) Las detenciones clandestinas, la muerte de personas en jornada de protestas y el aumento de los precios de conciencia, nos obliga a los magistrados a defender la defensa de los principios fundamentales de la Constitución».
Al mismo tiempo los magistrados respaldaron a la destituida fiscal Luisa Ortega Díaz, reconociéndola como la titular del Ministerio Público en Venezuela.
Juan Guaidó, diputado por la Mesa de Unidad Demácratica dijo que los vínculos de Maduro con Odebrect «fueron heredados por el fallecido Hugo Chávez».
En medio del rechazo de los magistrados, el oficialismo precisó que la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela se prepara para redactar la nueva Constitución del país, la semana entrante.
«Quiero aprovechar para anunciar al país que a partir de la semana que viene nosotros, los constituyentes, hombres y mujeres de bien, estaremos redactando los capítulos de la nueva Constitución para los objetivos programáticos a los cuales fuimos convocados», argumentó la presidenta del nuevo organismo Delcy Rodríguez.
