La organización Movimiento Vinotinto ofreció este jueves en rueda de prensa un balance general de la conflictividad suscitada en el país entre el 1º de abril y el 9 de agosto de 2017.
Manuel Virgüez, presidente de la institución, dio a conocer que cerca de 5.900 personas fueron objeto de detenciones en el territorio nacional; 750 en el estado Lara.
A escala nacional persisten 668 ciudadanos privados de libertad; 34 en Lara. En este particular también se contabilizan los arrestos domiciliarios, por ejemplo, el caso de la señora María Elena Uzcátegui.
“Son presos políticos del régimen”, enfatizó el abogado.
Mencionó que algunos tienen boleta de libertad y de medida menos gravosa pero aún no se ha ejecutado.
Virgüez se refirió a casos emblemáticos como Wilmer Azuaje (diputado regional del Estado Barinas por la Mesa de la Unidad Democrática) preso en el Helicoide en condiciones infrahumanas. Tiene la imposición de medida menos gravosa (arresto domiciliario) sin ejecutarse por parte de las autoridades del Sebin.
Preocupan también las condiciones del magistrado Ángel Zerpa y el asesor de la MUD, Roberto Picón, quienes están presos en el Helicoide.
“Zerpa no ha tenido suficiente apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que impulsó tales postulaciones y posteriores designaciones de los magistrados”.
Otro caso representativo es el del alcalde Alfredo Ramos. La familia ha denunciado que Ramos se encuentra en graves situaciones de salud tras más de 26 días detenidos. “Le hacemos un llamado al defensor del pueblo para que vele por esta situación”.
Fallecidos
En el marco de las protestas suscitadas en estos cuatro meses la ONG Movimiento Vinotinto registra 161 personas fallecidas; 22 en Lara.
El primero de estos fue Jairo García y el último Eduardo Orozco. “Nos preocupa el clima de impunidad, particularmente en Lara, donde hay 19 funcionarios que se encuentran en mora con la justicia por su implicación en los asesinatos de Tony Canelón, Manuel Sosa, Yonnier Peña, Eduardo Orozco, entre otros”.
Agregó que en promedio, unos 18.900 ciudadanos del país estuvieron afectadas por gas lacrimógeno, perdigones, armas de fuego, metras, entre otros. Asimismo, se produjeron más de 200 ataques a urbanismos en todo el territorio.
Persecución laboral
El abogado estimó que la ONG recibe al menos 10 denuncias diarias de personas que han sido perseguidas por su decisión de no participar en los comicios para la ANC o por estar vinculados a la disidencia por su participación en la consulta popular del 16 de julio.
También persiguen a las personas por no haber llegado a sus puestos de trabajo los días de paro nacional.
“Han sido despedidos o desmejorados salarialmente. Unas 180 personas han sido despedidas de sus trabajos en todo el país. Es el sexto episodio de persecución laboral por razones políticas”. Movimiento Vinotinto registra más de 300 agresiones a la prensa en 126 días de protesta.
