El hilo de la madeja de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht parece no tener fin. La exfiscal venezolana Luisa Ortega abrió otro frente con las denuncias contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por los supuestos sobornos recibidos de esa empresa.
Ortega, huída de Venezuela, denunció en Brasil que solo Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del régimen que sustenta a Maduro, habría recibido 100 millones de dólares y aseguró tener pruebas contra sobornos millonarios al presidente.
En unos años de bonanza en América Latina, propicia para construir infraestructuras, y al amparo de la diplomacia de la obra pública promovida por el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010), Odebrecht encontró un caldo de cultivo favorable para corromper y ganar contratos.
Una capacidad que parece no tener límites. En América Latina y África habría repartido más de 3.000 millones de dólares debajo de la mesa para adjudicarse proyectos o corromper a presidentes, funcionarios o financiar campañas políticas, según las confesiones hechas por 77 ejecutivos de la firma en un acuerdo de colaboración alcanzado con la justicia brasileña.
Es difícil saber si el escándalo tocó fondo. «No tenemos todavía una dimensión absoluta de la extensión de esos tentáculos. Existen algunos nichos que en Brasil todavía no han sido investigados y que es necesario investigar», dijo la procuradora Silvana Batini a la AFP por teléfono.
Uno de ellos es el papel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), potenciado por Lula tras llegar al poder en 2003 para apoyar a las grandes empresas de infraestructura brasileñas.
La diplomacia empresarial
«El BNDES tuvo un papel decisivo en la política económica en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, porque fue uno de los grandes vehículos escogidos para transferencias de dinero para la realización de la política de protección de empresarios, de los grandes campeones», dijo Batini.
Muchas de esas empresas, como la cárnica JBS o la constructora Odebrecht, entre otras, «crecieron a costa del BNDES y hoy sabemos que crecieron de forma criminal y crecieron pagando partidas ilícitas a los políticos», destacó.
Las investigaciones de Odebrecht llevaron el año pasado al BNDES a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
El dinero corruptor lleva a la cárcel
Expresidentes, ministros y funcionarios están en la cárcel en varios países latinoamericanos acusados de haber recibido sobornos para favorecer a la constructura en las licitaciones.
En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, están en prisión preventiva por haber recibido unos 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña política de 2011.
Sobre el también expresidente Alejandro Toledo, pende una orden de extradición de Estados Unidos y varios funcionarios del gobierno de Alán García están siendo investigados.
En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas está investigado por presunta asociación ilícita en la trama de millonarios sobornos a funcionarios ecuatorianos para conseguir contratos.
En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron detenidos y la justicia investiga si Odebrecht aportó fondos para la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos y otros políticos.
En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia.
En Argentina, la empresa fue suspendida en julio pasado para participar de licitaciones y es investigada en al menos tres contratos.
En México, el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, también está en el ojo de la justicia por presuntos sobornos de la brasileña.
La operación Odebrecht es parte de otra mucho mayor destapada en Brasil en 2014, la Operación Lava Jato, que dejó en evidencia que las empresas brasileñas de la construcción habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.
La constructora y su filial Braskem aceptaron en diciembre pasado pagar multas por unos 3.500 millones de dólares por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como a Mozambique y Angola. De esa suma, un 10% resarcirá delitos en Estados Unidos, otro 10% en Suiza y el 80% en Brasil.
Falta de «oxígeno» para limpiar
Pero más allá de que se pueda hacer justicia, lo que preocupa en este momento a la mayoría de los brasileños es si habrá «oxígeno» para seguir investigando y depurando responsabilidades, dice Batini.
En particular, voluntad política para cambiar un sistema de hacer política basado en la corrupción, como ha dejado en evidencia la Operación Lava Jato sobre la mayor red de corrupción de la historia de Brasil que afecta a la petrolera Petrobas y salpica al propio presidente de la República Michel Temer.
El Congreso brasileño libró recientemente a Temer, que llegó al poder tras el juicio de destitución a su predecesora, Dilma Rousseff, de que las denuncias en su contra sean transmitidas a la corte suprema.
