A propósito del decreto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que dio origen a la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, el politólogo Reinaldo Rivas sostiene que se trata de una institución ilegítima, partiendo de que la ANC está investida de ilegitimidad.
Explica la misma va en detrimento de lo que puede ser la convivencia ciudadana y política en el país.
Tal comisión, dirigida por Delcy Rodríguez y los constituyentes Carmen Meléndez, José Vicente Rangel Ávalos y Luis Durán, el párroco de la iglesia San Francisco de Caracas, José Numa Molina; el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab; el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; el exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez; la integrante de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Russian, así como Aylin García y Edgar Márquez, ambos integrantes de la Organización de Víctimas y Familiares, lo que realmente pretende es liquidar de una vez por todas los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
-La ANC busca crear un sistema de enjuiciamiento más expedito para cercar a la disidencia política venezolana.
Rivas observa con gran preocupación que la comisión carece de pluralismo político y social por tanto que está conformada en su totalidad por actores que apoyan al Gobierno nacional y militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La ANC hizo un llamado hipócrita a los diputados de la Asamblea Nacional porque 99% de los integrantes de la comisión son afectos al régimen, asegura.
“Desde nuestro punto de vista, no se debe integrar esta comisión porque sencillamente busca implementar una cacería de la disidencia. Es un ente insólito y absurdo. Un sector que durante 18 años se ha encargado de perseguir a la oposición no puede conformar una Comisión de la Verdad para establecer unos mecanismos de justicia, eso es ilógico”.
Reitera que la función del órgano será acentuar la cacería política de la disidencia. Si ese no fuese el objetivo, dicha comisión sería transparente y conformada por funcionarios honorables, así como gente de la sociedad civil, sectores y ong, que luchan por esclarecer los hechos ocurridos en Venezuela en 2014 y 2017.
No puede llamarse Comisión de la Verdad a un grupo político que durante 18 años ha fustigado al sector opositor, que hoy suma más de 600 presos políticos y más de 1.500 personas detenidas en el marco de las protestas ciudadanas, insiste.
El propósito, dijo, es coartar los derechos políticos de todos los venezolanos, liquidar la libertad de pensamiento y de acción política establecida en la Carta Magna.
-No podemos perder de vista las actuaciones de la ANC y de la Comisión de la Verdad, hay que estar atentos sobre su objetivo porque pese a la ANC la Constitución de la República del 99 está vigente; solo el pueblo venezolano tendrá la última palabra en cuanto a las modificaciones que se realicen.
El ciudadano de a pie debe estar muy atento ante todo lo que ejecute la ANC porque sus actuaciones van en detrimento de los derechos de todos los venezolanos, concluyó.
