El Consejo Nacional Electoral seleccionó, sin haber hecho licitación alguna, a una empresa china para que se ocupe de estructurar la plataforma electrónica para las elecciones de gobernadores que han sido programadas para octubre.
Al hacer la observación, el profesor Pedro Pablo Alcántara, ex parlamentario y dirigente nacional de Voluntad Popular, indicó que llama mucho la atención que la firma escogida nunca ha tenido experiencia en procesos electorales y se estrenará en esa actividad ahora.
Se trata de Zhon Xing Equipment Company Limited, mejor conocida como TZE, que está asentada en la ciudad de Shenzhen, al sur de China, desde hace treinta y dos años, dedicada a la fabricación de teléfonos celulares y a las telecomunicaciones.
Esta empresa, que tiene presencia en Venezuela, fue llamada por el organismo electoral después que el CNE le rescindió el contrato a Smarmatic, cuando su principal directivo, Antonio Mugica, denunció a ese organismo de haber vulnerado los protocolos y presuntamente adulteró los datos del proceso del 30 de julio convocado por el presidente Nicolás Maduro. Estimó que el resultado fue afectado en más o menos un millón de votos en la consulta oficialista para constituir la Asamblea Nacional Constituyente ilegal.
De conformidad con la Constitución y leyes venezolanas la contratación de cualquier empresa extranjera requiere de una contraparte nacional. Esto quiere decir que debe haber una organización especializada en el área para garantizar a la ciudadanía la transparencia y exactitud de la transmisión y totalización de datos de cualquier proceso electoral.
-¿Cómo se puede demostrar la capacidad operativa de esa empresa en estos momentos?
-ZTE no tiene experiencia electoral alguna. Suponemos que recibirá la asesoría del CNE así como de GIS XXI, empresa que pertenece a un grupo encabezado por el teniente Jesse Chacón Escabillo, actual embajador de Venezuela en Austria. La GIS XXI, de acuerdo a su registro de comercio, es una empresa de análisis de entornos, que apareció para la campaña de Hugo Chávez contra Capriles y luego desapareció.
Las elecciones de gobernadores ha generado tal nivel de perturbación en el gobierno, que ha colocado al CNE a adulterar sus propios cronogramas y en alianza con la írrita ANC pretende aplicar normas penales e inhabilitaciones a candidatos propuestos por la oposición en todo el país. Pero, de los aspirantes del oficialismo sobre los cuales han sido formuladas, desde hace varios años, denuncias por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, no se hace mención alguna. Por ello es indispensable la observación internacional para esos comicios, a fin de evitar que se perjudique la voluntad popular, ya que según los estudios de opinión más del 85 por ciento de las personas consultadas se inclinan votar por las candidaturas de la oposición democrática.
-¿Se podría confiar en el CNE después de la denuncia del directivo de Smarmatic?
-El planteamiento que se ha venido haciendo es la designación de los integrantes del directorio del CNE. Pero, al atravesarse la Constituyente ilegal, la situación es muy difícil. Sin embargo, este es un gobierno que está muy debilitado. La Dra. Luisa Ortega Díaz, una vez que salió del país, ha hecho un gran aporte a la preocupación nacional sobre los actos de corrupción promovidos por Odebrecht en Venezuela, los cuales develan la magnitud del tráfico de influencias, sobornos, coimas y contribuciones ilegales descubiertas a partir de la investigación de los órganos de justicia en Brasil. El capítulo de Odebrecht apenas se inicia. Lo admitido es de 98 millones de dólares en sobornos por Euzenario Azevedo, representante en Venezuela de esa firma brasileña.
-¿Qué pasaría si no hay elecciones en octubre?
-Este gobierno ha demostrado una infinita capacidad de apelar a burladeros para intentar justificar sus despropósitos cuando las condiciones electorales no le son favorables. En oportunidad anterior se cambiaron la fecha y los procesos se cumplieron en medio de ventajismo por parte del Ejecutivo. Pero, después de un año de ilegal suspensión de gobernadores y diputado de consejos legislativos, que no los va a haber este año, la única via que tiene el CNE para suspender la consulta podría ser fundamentada en la ley de estado de excepción. Porque a todo evento lo que hay que defender en el país es el principio de la garantía legal, que es de todos los ciudadanos y no del gobierno de turno.
