El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que mientras la exfiscal general Luisa Ortega estuvo a cargo del Ministerio Público bloqueó investigaciones de supuestos casos de corrupción que él ordenó, alertando incluso a los responsables.
El mandatario dijo que le entregó a Ortega pruebas sobre supuestos casos de corrupción de algunas empresas vinculadas con la Faja Petrolífera del Orinoco -rica reserva de 55.000 km2-, pero la Fiscalía «avisó» a los «culpables».
«Cuando informamos a la Fiscalía, ¿qué hizo? Ahora ya lo sabemos, le avisó a los corruptos, se fueron del país, les cobró millones de dólares con los cuales abrieron cuentas en el exterior, en paraísos fiscales del Caribe», denunció Maduro en una entrevista a la televisora Televén.
«Luego descubrimos por qué se fueron del país, la Fiscalía era la que extorsionaba y protegía a estos sectores», acotó el mandatario.
El presidente aseguró -como denunció el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello- que el esposo de la exfiscal, el diputado Germán Ferrer, «era el encargado de una red de extorsión» que funcionaba en el Ministerio Público.
«Ahora es que descubro en toda su magnitud lo que es una red que protegía la corrupción, una red de extorsión», añadió.
Maduro aseveró que en sus cuatro años como presidente jamás contó con el apoyo de la Fiscalía de Ortega para combatir la corrupción.
Ortega, destituida por la Asamblea Constituyente de Maduro, llegó el viernes a Bogotá, tras burlar la prohibición de salir de su país que le impuso el máximo tribunal, como parte de una investigación en su contra por supuestamente mentir en el ejercicio de sus funciones.
La veterana chavista que rompió con Maduro llegó a Colombia con su esposo, a quien la Constituyente le retiró la inmunidad parlamentaria y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir a Maduro- ordenó detener, por supuestamente estar involucrado en la «red de extorsión» que denunció Cabello.
Ortega, abogada de 59 años, se rebeló contra el gobierno de Venezuela a finales de marzo tras denunciar una «ruptura constitucional», a raíz de las decisiones del TSJ contra el Parlamento, de mayoría opositora.
