La persecución contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y la solicitud de captura del diputado Germán Ferrer, por parte del Fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente repudiada nacional e internacionalmente por espuria, constituye una demostración no sólo de una venganza del oficialismo contra dos prominentes funcionarios públicos que abandonaron el régimen de Nicolás Maduro, sino también un desafío a la opinión mayoritaria de los venezolanos y del mundo democrático, que luchan por el restablecimiento de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Todo indica que se trata de una escalada represiva, que ha obligado a la Fiscal General de la República, reconocida por la Asamblea Nacional, a realizar por lo menos parte de su trabajo, en defensa de la legalidad del país, desde la clandestinidad, única forma de lucha que ha encontrado para cumplir sus funciones, evadiendo la persecución policial que le ha tendido el régimen autocrático que preside Nicolás Maduro.
Y el diputado Germán Ferrer, seguramente hará lo mismo, porque según sus palabras no abandonará sus responsabilidades de parlamentario electo por el pueblo larense, ni se amedrentará por las amenazas y abusos de jerarcas del gobierno, y defenderá su inmunidad parlamentaria con el respaldo de la Asamblea Nacional y de los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos.
De allí que el universo democrático, aunque no se sorprenderá por una ilegalidad más de la autocracia militar y civil que preside Maduro, tendrá que registrar en sus anales históricos la defensa de una Fiscal General de una República latinoamericana, y de un diputado en pleno ejercicio de su inmunidad, por no compartir la tendencia autoritaria del gobierno que viola todo el Ordenamiento Jurídico de ese país, y se enrumba hacia la instauración de una tiranía.
Y aunque la Asamblea Nacional ha asumido la defensa de la inmunidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer y de todos los miembros del parlamento venezolano, la sociedad democrática del país, de América Latina y del mundo se hará sentir en una época en que la democracia se ha convertido en el sistema que garantiza los derechos del ciudadano, la paz y el progreso de la humanidad.
Y como el avance de la escalada represiva del régimen autocrático de Maduro tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que repudian su Asamblea Constituyente, a la mayoría de los gobiernos del Continente Americano y de la Unión Europea que desconocen la legalidad de esa Constituyente, no es exagerado sacar como conclusión que es, si no imposible, por lo menos muy difícil que se imponga una dictadura militar y civil promovida por una cúpula de incapaces que han arruinado la economía nacional y sometido a la sociedad en general al desempleo, la escasez, el hambre y la inseguridad de bienes y personas.
Y si esto no fuera suficiente para provocar un cambio democrático en el país, el endeudamiento irresponsable que han contraído con el capital internacional, lo han podido cancelar a medias, vendiendo y hipotecando bienes que pertenecen al patrimonio nacional, para evitar la cesación de pagos o default. Pero para algunos economistas podríamos estar a la puerta de un incumplimiento desastroso para la nación, lo que hace impostergable un cambio político democrático y de modelo económico.
