«¡Por favor, tengan piedad!», rogó Lauche Fernández, familiar de uno de los 37 presos que murieron durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, mientras esperaba que las autoridades entregaran los cuerpos.
Un centenar de familiares aguardó horas este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, capital estatal, para recibir los restos de las víctimas de lo que denuncian como «una masacre».
«Ya empiezan a oler. Por favor, tengan piedad y entreguen los cuerpos», pidió Fernández, a gritos, ante los micrófonos de la prensa local, según videos cedidos a la AFP.
Al final de la tarde, el cementerio municipal estaba lleno de fosas abiertas: solo se había enterrado a uno de los presos, aunque la orden fue sepultarlos inmediatamente. Los familiares todavía esperaban.
El panorama en el cementerio era desolador. La madre de uno de los reclusos agradeció que al menos su hijo «estaba completo y no destrozado, como otros», confesó a la AFP.
El motín ocurrido en los calabozos del centro judicial de Amazonas, región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, dejó 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos, uno de gravedad, confirmó este jueves el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.
La Asamblea Constituyente designó este jueves una comisión, presidida por la asambleísta Iris Varela, exministra de Servicios Penitenciarios, para investigar lo ocurrido. El Parlamento de mayoría opositora también lo hará.
Reverol señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como «responsable directo».
«Es un retén que está bajo la custodia de la gobernación», expresó, pidiendo investigar a Guarulla por «inacción» pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de 103 presos.
Armas largas y granadas
El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.
Jackson Sanz, padre de un fallecido, pidió al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno «dar la cara por esta masacre».
Guarulla dijo a la AFP que desde «hace tres meses y medio» la militar Guardia Nacional tenía acordonado el centro de reclusión tras la denuncia de un posible ataque de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Se presumía que algunos de estos reclusos podían estar armados y por eso se solicitó la requisa (…) Fue una tragedia, de 103 reclusos, 40% fueron eliminados», afirmó.
Fuerzas especiales del Ministerio de Interior intervinieron y tomaron el centro de reclusión «de manera desmedida porque usaron granadas y armas sofisticadas, y el resultado es una verdadera masacre», añadió el gobernador.
«Lo que no hizo la guerrilla lo hizo el gobierno», manifestó Guarulla, quien difundió en Twitter fotos de cadáveres apilados.
Pero, según Reverol, los efectivos que realizaron la requisa fueron recibidos por los internos «con armas largas y granadas», una veintena de las cuales estallaron durante los enfrentamientos.
Sin dar cifras, el ministro reportó que algunos de los 37 fallecidos «fueron ajusticiados por un pran» -líder de presos-, que «tenía sometidos a algunos privados de libertad que querían deponer las armas».
Agregó que otros murieron «producto de la onda expansiva y las esquirlas de las granadas» o por la acción de los agentes de seguridad, que según él respetaron el principio de «uso progresivo y diferenciado de la fuerza».
Guarulla asegura que un preso aprovechó el caos para fugarse.
Clausura
Tras lo ocurrido, el centro de detención de Amazonas fue clausurado y, según Reverol, será rehabilitado en un plan puesto en marcha por el gobierno en julio de 2011 para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales.
Veintisiete reclusos, todos condenados según Reverol, fueron trasladados a otros centros fuera de la región y el resto a calabozos policiales.
Hay unas 50 cárceles en Venezuela, de las cuales 98% funcionan bajo el nuevo régimen.
Carlos Nieto, de la ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad, sostiene que el proyecto no ha avanzado según lo prometido. «Plantearon construir una cárcel en cada estado. En Amazonas no han puesto ni la primera piedra», declaró a AFP.
Esa organización estima una población de 88.000 presos en Venezuela, sobrepasando la capacidad de las cárceles de 35.000.
Por falta de espacio en los penales y retrasos procesales, unas 33.000 personas están recluidas en centros de detención preventiva, como el de Amazonas. Nieto precisó que la sobrepoblación en esos establecimientos supera el 400%.
