Como una aberración jurídica, además de violación de los derechos políticos de los ciudadanos y el sometimiento a un trato discriminatorio es considerada la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente ilegal que se haga una valoración conductual de los aspirantes al cargo de gobernador en el país.
En uno u otro de esos términos, o en su conjunto, coincidieron el sacerdote jesuita Alfredo Infante, director de la revista Sic y analista comunicacional; el Dr. Domingo Montes de Oca Martínez, profesional del Derecho y presidente del concejo de Torres; y el profesor Armando Prado, coordinador regional de medios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Lara, consultados por EL IMPULSO.
Actitud inmoral de la dictadura
Cuando se anuncia que habrá una valoración de la conducta de los ciudadanos que por iniciativa propia o en representación de una o varias organizaciones políticas sea inscrita para aspirar al cargo de gobernador, se está atentando abiertamente contra los derechos políticos que tiene ese ser humano, derechos que están garantizados por la Constitución vigente, dijo el padre Infante. En consecuencia, es inaceptable, rechazable y condenable que se pretenda establecer esa especie de filtro valorativo para determinar si una persona tiene buena o mala conducta con el régimen, porque eso es lo que precisamente se está tratando de imponer.
La denominada Asamblea Nacional Constituyente, que en principio fue anunciada para resolver la crisis del país y luego como la vía para profundizar algunos contenidos de la Constitución del 99, sorpresivamente ahora tiene entre sus atribuciones que nadie le ha dado, pero que se la ha tomado, el poder de juzgar quién es bueno y quién es malo.
Desde el punto de vista ético este es un hecho totalmente inmoral, asentó el sacerdote. Porque según la ética cristiana nadie tiene el status para juzgar la conducta de sus semejantes.
Menos puede hacerlo una Constituyente que, como todos sabemos, es totalmente ilegítima porque surgió de un proceso fraudulento y, por lo tanto, inmoral.
Lo importante es que tenga una buena actuación, pero eso no lo juzga un grupo de individuos que han sido escogidos en un proceso hecho en forma discrecional por el jefe del Ejecutivo nacional para llevar a cabo una serie de acciones que, como vemos, tiene una finalidad política de destrucción de quienes le adversan.
Para resumir esa actuación podemos decir que, primeramente, es inmoral; segundo, se violan flagrantemente los derechos sociales, civiles y políticos de los ciudadanos y tercero, indudablemente, este procedimiento es propio de una dictadura, que trata por todos los medios de no tener ningún tipo de adversarios en los niveles de la conducción de la administración pública.
Aberrante, ilegal e inconstitucional
Para el Dr. Domingo Montes de Oca Martínez, uno de los profesionales del Derecho con mayor trayectoria en la región, lo que está haciendo la Constituyente son cosas absurdas, que nada tienen que ver con la finalidad establecida histórica y constitucionalmente por parte de una Asamblea Nacional con carácter constituyente.
Extender un certificado de buena conducta, como es lo que pretende esa agrupación a quienes considere que pueden ser candidatos de oposición frente a los del oficialismo, es una aberración, desde el punto de vista legal porque eso no está en ninguna disposición o norma de la ley que rige el Poder Electoral, ni tampoco en la misma Constitución, la cual le da el mismo derecho a todas las personas.
Además esa Constituyente es espuria porque no cumplió con los requisitos fundamentales para conformarse, toda vez que tenía que haber surgido de un referendo consultivo.
Aún cuando hubiera superado ese requisito, no podría establecer principios de ley porque no está revestida de autoridad, porque el objetivo de una Asamblea Constituyente es la de establecer un orden jurídico y una Constitución.
Esa agrupación de personas que se hacen llamar Asamblea Nacional Constituyente están saltando el principio universal de legalidad, el cual establece las atribuciones de los podres públicos.
La Constitución del 99 está en plena vigencia, insistió el Dr. Montes de Oca Martínez. Y le da al Consejo Nacional Electoral la categoría de órgano rector de todos los procesos electorales, que no puede endosar a nadie, mucho menos a esa Constituyente que ha sido seriamente cuestionada por su origen espurio.
Ese CNE tiene sus propias reglas y normas, en razón por las cuales es el único organismo que puede llevar a cabo cualquier proceso comicial en el país.
Es vergonzoso que ahora se diga que la Constituyente examinara la conducta de cada uno de los aspirantes a la gobernación de las entidades federales, como si se tratara de determinar quién es bueno para que asuma las funciones de mandatario regional y quiénes no lo son.
Observando todo lo que ha venido ocurriendo con alcaldes enjuiciados y destituidos, con señalamientos que se hacen, evidentemente, esta Constituyente está hecha para tomar decisiones a favor de la dictadura.
Conductas sumisas
La decisión de otorgar un certificado de buena conducta a los aspirantes al cargo de gobernador fue de Diosdado Cabello, quien abandonó hace tiempo la Asamblea Nacional legítima y fue uno de los principales abanderados de la ilegítima, donde a pesar de que no alcanzó la presidencia sigue teniendo papel decisorio, declaró el profesor Armando Prado, coordinador regional de Izquierda Democrática y de la coordinación de Medios de la MUD.
La Comisión de la Verdad de esa Constituyente, que dirige Delcy Rodríguez por orden de Nicolás Maduro, es otro parapeto para librarse de los candidatos que tienen seguro el triunfo en sus respectivos estados. Esta estratagema del gobierno tiene como finalidad evitar someterse al voto de los ciudadanos. Y fue esto mismo lo que pasó con el referendo revocatorio presidencial. Y ahora, no solamente el régimen trata de eliminar a los aspirantes que van a ganar, sino que ha dejado en suspenso la elección de los consejos legislativos.
Trata de hacer ver la Constituyente, que los candidatos de oposición han sido los responsables de la violencia cuando todos sabemos que más de cien personas, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados cuando participaban en manifestaciones indefensos y la única forma de protegerse era usando escudos de cartón.
Maduro llegó a decir que se debía imponer pena de 25 años de cárcel a los manifestantes, pero el presidente del TSJ, quien tiene antecedentes por homicidios, fue más allá y planteó condenas de 50 o mas años.
Recordemos que es típico de los regímenes comunistas imponer conductas sumisas para evitar protestas. Y a estas le tiembla este régimen impopular.
