Para aumentar la pena máxima de encarcelamiento de 30 a 50 o más años, como ha solicitado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, debe consultarse el sistema judicial, los especialistas en la materia y las universidades, para luego ser modificada la Constitución y ésta ser sometida a referendo por el pueblo.
Coinciden en tal apreciación la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del TSJ; y el Dr. Rafael Narváez, abogado penalista, exdiputado y coordinador nacional de la Asociación Defensa por los Derechos Civiles.
“Me sorprendió mucho que se haya planteado la implantación de una pena mayor de 50 años por los delitos de homicidios, traición a la patria y terrorismo en un escenario como la llamada Asamblea Nacional Constituyente”, dijo la Dra. Blanca Rosa Mármol. Eso es algo inimaginable e intolerable, porque la mencionada asamblea no tiene la soberanía que se requiere para una Constituyente, la cual debe ser aprobada previamente por el pueblo mediante una consulta electoral constitucional, tomando en cuenta que la soberanía reside en el pueblo.
El hecho de que estén allí esas personas escogidas en forma arbitraria por el partido del régimen no significa que sean dueños del destino de los venezolanos y que pueden hacer todo lo que se les antoja.
Sorprende por venir esa idea del presidente del TSJ y por hacerlo ante una Constituyente espuria. En el supuesto negado de que pudiera establecerse una pena máxima de esa magnitud tendría antes que producirse la reforma del Código Penal y, naturalmente, de la Constitución.
La función de una Constituyente es redactar una nueva Constitución, pero para su aprobación tiene que ser consultado el pueblo porque de lo contrario no tiene validez.
Lo que quiere Nicolás Maduro, quien es el que organizó y colocó allí a los que conforman esa Constituyente, es perpetuarse en el poder y para ello no tiene escrúpulos para utilizar cualquier método que le permita llevar las penas más altas para someter a la oposición política y criminalizarla.
Es muy peligroso que se impongan condenas de ese tipo porque el régimen ha venido utilizando las palabras traición a la patria, terrorismo y violencia con la finalidad de castigar a la oposición y más específicamente a quienes salen a la calle a protestar.
El término terrorismo se lo ha venido aplicando a los presos políticos, manifestó la profesional del Derecho. Y el de traición a la patria a toda la disidencia, para decirlo claramente. Y es por ese empeño en acabar con la disidencia política que pretende llevar penas de cárcel hasta 50 o más años.
El Dr. Narváez dijo que en estos momentos estamos en presencia de una Constituyente que está por encima de Dios, donde es obligatorio subordinarse a todo el poder de quien ejerce la presidencia establecida por Nicolás Maduro-.
Estamos presenciando la muerte de la Constitución del 99 y hemos llegado al estado de indefensión total. Porque cuando el poder Moral, integrado por la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, se arrodilla ante esa Constituyente, está dejando indefenso al ciudadano.
De igual forma lo ha hecho el Poder Electoral, lo cual es muy grave, porque está dejando en unas pocas manos que tomen las decisiones sobre todos los procesos electorales y ya vemos que dicen cuándo hay que votar por los gobernadores, pero no por los consejos legislativos, que deberían ser escogidos al mismo tiempo.
Y ya hemos visto que ha sido el propio Maduro quien ha ordenado a la Constituyente que se ocupe de buscar a quienes participaron en guarimbas, en manifestaciones y paros; pero, que si no se presentan por las buenas, entonces que lo hagan por la fuerza.
La demostración de que no hay separación de poderes acaba de demostrarlo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia cuando no solo se ha arrodillado ante la Constituyente, sino que ha pedido que comience a legislar sobre el Código Penal. Y de una vez, en forma ligera, emocional, que se le impongan penas de hasta más de 50 años a quienes se les acuse de traición a la patria, terrorismo y violencia.
Para que se modifique la condena máxima de presidio tiene que ser modificado el Código Penal, así como la Constitución.
No se refirió al narcotráfico, ni a la extorsión y al secuestro de personas. Lo que está buscando es que sea encarceladas las personas que dirigieron las protestas Y la Constituyente ha montado su paredón con la Comisión de la Verdad, cuyas sentencias ya las tiene listas.
