La implementación de una serie de políticas públicas apalancadas en la economía de libre mercado, propone el Fraser Institute de Canadá, para resolver la crisis venezolana, luego de haber realizado una auditoría sobre el estado de la libertad económica en Venezuela, por ser el país que más ha caído en el Índice Mundial de Libertad Económica (EFW, por sus siglas en inglés), al permanecer en su último lugar durante dos años consecutivos.
La auditoria se llevó a cabo en conjunto con el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), a fin de evaluar las cinco áreas que componen el referido índice: tamaño de gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, política monetaria, libertad de comercio internacional y regulaciones (que involucran legislación laboral, legislación comercial y legislación para los negocios).
En esta Auditoría de Libertad Económica, participaron más de 80 expertos, que se reunieron en grupos de trabajo durante una semana para analizar las variables que se desprenden de esas cinco dimensiones, realizando diagnósticos y aportando propuestas en materia de políticas públicas para mejorarlas. En los encuentros, llevados a cabo a mediados del año pasado, estuvo presente Fred McMahon, investigador para el EFW del Fraser Institute.
Expropiaciones en el centro del debate
Se destaca que la precariedad de los derechos de propiedad en Venezuela, fue un tema clave en la auditoría, no solamente porque este aspecto es una de las áreas de la libertad económica, sino porque toca varios temas asociados a otras, por ejemplo la de tamaño de gobierno.
En este caso, los expertos resaltaron la relación entre el tamaño del Estado, el aumento del gasto público y la política de expropiación a pequeñas y medianas empresas. Por esta razón, una de las recomendaciones fue “rechazar la política de expropiaciones, que han contribuido con la hipertrofia del Estado e incentivar una política de privatizaciones y devolución de activos expropiados”. Para este punto Cedice Libertad ha desarrollado un proyecto de Ley de Devolución de Activos Expropiados que está en manos de la Asamblea Nacional.
Por otra parte, el informe de la auditoría arroja que, en el caso de los derechos de propiedad en Venezuela, no solamente hace falta tomar medidas para garantizar su protección a través de tribunales imparciales y especializados, sino sobre todo fomentar una cultura de respeto a este derecho humano fundamental, que incluya programas de educación y políticas públicas para la titularización.
