La condición venezolana es quizás la menos favorable para hacer negocios. Dado el conflicto social, los empresarios analizan las posibles consecuencias que esto pueda tener en su actividad económica, sumado a la inflación (cifra no oficial) y el altísimo nivel de riesgo país. El panorama aleja entonces a potenciales inversionistas y coloca a la nación en una situación de aislamiento.
Carlos Larrazábal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), sostiene que Venezuela estaba aislada antes de las sanciones de países del mundo por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
El empresario no cuenta con posibilidades de crédito en el exterior, pero tampoco puede obtener los recursos en el país, donde además debe vender el producto, en caso de obtener la materia primera, a precio controlado.
“Efectivamente la Asamblea Constituyente ahuyenta aún más la inversión”, comentó Larrazábal, quien reiteró que la opinión de Fedecámaras al respecto, es que se trata de una figura ilegal, convocada fuera de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999.
En peligro Dicom
Respecto al futuro del Dicom, indicó que si no hay entrada de divisas al país, tampoco habrá sistema de subastas.
El 97% de las divisas venezolanas es resultado del comercio petrolero. Sin embargo, el país mantiene compromisos de deuda externa por encima de los $7.000 millones para el presente año.
Esto limitará la disponibilidad de recursos para importación de alimentos, demanda que se hace creciente cada vez que el Gobierno monopoliza los mercados y limita a sectores productivos como el agrícola, que depende del Ejecutivo para adquirir semillas.
El actual resulta un cuadro complicado. No obstante, a Larrazabal le preocupa aún más que el Gobierno en vez de entender la realidad, profundice en la agenda política.
