Lara es el segundo estado del país -detrás de Miranda- con mayor número de asesinatos durante las protestas antigubernamentales que se desarrollan a nivel nacional desde hace más de cuatro meses, según denunció una coalición larense de organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DDHH), que se pronunció, la mañana de este lunes, para exigir, entre otras cosas, que se “castigue severamente” a los militares, policías y civiles implicados en estos hechos irregulares.
La integrante del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del Estado Lara (Cael) y del Consejo de Estado por la Paz y la Justicia (Cepaz), Janeth Bastidas, fue la encargada de pronunciarse en la rueda de prensa que acompañaron representaciones de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, el capítulo Lara de Transparencia Venezuela, el Servicio de Mediación y Construcción de Paz de la Iglesia Evangélica, el Movimiento de Víctimas contra la Violencia y la Impunidad, el comité de DDHH de jubilados y pensionados, así como la cátedra de DDHH de la Ucla.
Bastidas, desde la sede administrativa del Cael, afirmó que las violaciones del derecho a la vida en la región han sido sistemáticas. Un ejemplo de ello, apuntó, son los disparos por armas de fuego que se evidenciaron en tórax, cuello y cabeza del 62 % de los asesinados en protestas; lo cual, a su juicio, revela que existió una intención de asesinar manifestantes y no de preservar el orden público, en lo que respecta puntualmente a los casos en los que funcionarios son señalados de homicidas.
“No se ha avanzado en los procesos judiciales a pesar de que, en algunos casos, los fiscales del Ministerio Público han adelantados las investigaciones e imputado a funcionarios del Estado”, sentenció.
Recordó y criticó, al mismo tiempo, que existe orden de aprehensión contra 19 castrenses de la Guardia Nacional por participar en los homicidios de Gruseny “Tony” Canelón, Eyker Rojas y Manuel Sosa. Sostiene que ninguna se ha ejecutado.
Cabe destacar que estas ONG incluyen dentro del registro de víctimas fatales en manifestaciones dos fallecimientos aparentemente accidentales (Carlos Enrique Hernández y Isabel Ramona Torrealba), los cuales no son vinculados a protestas por autoridades y registros periodísticos (20 decesos).
En condiciones de insalubridad
La sicóloga informó que desde el Cepaz-Lara contabilizan más de 168 detenciones durante los últimos cuatro meses.
De estas personas registran siete con privativa de libertad, 115 en libertad bajo presentación y 23 personas en libertad plena.
Aunque afirmaron no manejar el número de las personas que permanecen detenidas por protestar, reclamaron a las autoridades en nombre de los 52 individuos que fueron trasladadas al Centro Penitenciario Fénix, en donde supuestamente conviven en insalubridad y condiciones infrahumanas.
Además, reprocharon, la cárcel de Fénix es un recinto para sentenciados, no para procesados.
“Expresamos nuestra preocupación por el trato dado a las personas detenidas en manifestaciones, las cuales han sido objeto de tratos crueles, humillantes y degradantes.
Además se les impide en varias ocasiones la visita de familiares y abogados”, sentenciaron.
En este sentido, exhortaron al Gobierno nacional a cesar la persecución a personas que opinan distinto, como también exigen al Poder Judicial la libertad plena para las personas arbitrariamente aprehendidas.
Asimismo, se solidarizaron con los magistrados del TSJ nombrados por la Asamblea Nacional, quienes tuvieron que salir de Venezuela ante una “implacable persecución judicial”.
