Presos, inhabilitados, exiliados, perseguidos, amenazados, sin pasaporte o en la clandestinidad, así figuran alcaldes y gobernadores disidentes que se oponen al régimen de Nicolás Maduro.
Según Foro Penal al menos 16 alcaldes de oposición se encuentran en algún tipo de proceso judicial o anulamiento político.
Alfredo Romero, director de esa ONG, colgó en su cuenta de Twitter que son cuatro los alcaldes presos: Antonio Ledezma (área metropólitana de Caracas), Delson Guárate (El Limón, Aragua), Alfredo Ramos (Iribarren, Lara), Daniel Ceballos (San Cristóbal).
Y cuatro con orden de captura: Gustavo Marcano (Lechería), Carlos García (Mérida), Warner Jiménez (Maturín), Ramón Muchacho (Chacao) y David Smolansky (El Hatillo).
Como una jugada del gobierno, que apunta a debilitar el terreno de la política, califica el politólogo Luis Francisco Cabezas esta situación que le ocurre a funcionarios legítimamente electos en el año 2013.
Los primeros alcaldes en convertirse en presos políticos fueron Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Enzo Scarano (San Diego, Carabobo), quienes, tras las protestas que originó La Salida en 2014 fueron encarcelados por supuesta rebelión civil.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido determinante en la mayoría de los casos, que acusa a los alcaldes de incurrir en el delito de desacato o de impedir la colocación de barricadas.
Ceballos, dirigente de Voluntad Popular, está preso en el Sebin del Helicoide.
Enzo Scarano, está inhabilitado por la Contraloría General de la República, órgano que le impide al dirigente del partido Cuentas Claras ejercer funciones públicas por 15 años.
En 2014 Scarano fue sancionado a cumplir 10 meses y 15 días de prisión. En enero de 2015 el TSJ dictó la medida de casa por cárcel.
“Desde 2014 vemos este proceso de debilitamiento del ejercicio de la política a través del Poder Judicial como un mecanismo de linchamiento político”, dice Cabezas.
Resistir y seguir en la lucha es la única alternativa.
“Las palabras de Alfredo Ramos me parecen un gesto de desprendimiento, de seguir adelante cuando vivimos las horas más oscuras de un régimen que ha demostrado que en Venezuela no hay democracia”.
A su juicio, los alcaldes tienen sencillamente que cerrar filas al encontrarse frente a un gobierno dictatorial.
El politólogo propone defender los espacios aún en las condiciones más adversas, es decir, presos o inhabilitados.
Considera que urge seguir y resistir en la medida de lo posible, desde lo político e institucional.
“Ningún alcalde puede callar, debe permanentemente denunciar y alzar su voz”.
Agrega que ante un escenario electoral se trata de al menos 335 alcaldías por las cuales es ineludible luchar a pesar del terrorismo político y la persecución.
“Son espacios que se deben seguir peleando porque en el caso de Barquisimeto la ciudadanía sabe que la concejal impuesta como alcaldesa es una usurpadora y por lo tanto una autoridad ilegítima”.
Asimismo expone que el rol de los partidos políticos es brindar soporte político a fin de que esas alcaldías sigan siendo un terreno ganado y recuperable porque esto que hoy pasa es momentáneo.
Más inhabilitaciones
Tal medida está muy sujeta a cómo la oposición se organice. La inhabilitación busca generar miedo tal y como pasó con los magistrados del TSJ.
En el caso de José Barreras, alcalde de Palavecino, el único que se presentó ante el TSJ y salió librado de una posible inhabilitación y cárcel, el politólogo cree que tal diferenciación puede ser el resultado de una estrategia por parte del gobierno, más allá de las elucubraciones que pueda hacer la gente.
“Con ciertas ambigüedades, Henri Falcón ha demostrado estar del lado opositor. Ese trato distinto hacia Barreras apunta fundamentalmente a crear más fisuras y divisiones. En el terreno de la división el gobierno se mueve como pez en el agua. El gobierno sabe que dentro de la oposición hay un grupo muy crítico hacia la MUD y Henri Falcón. Con esa distinción hacia Barreras afianzó esa grieta”.
Por otra parte, el doctor Simón Saavedra, exgobernador de Yaracuy y abogado constitucionalista, explica que la asignación de recursos debe ajustarse estrictamente a metas y objetivos, de lo contrario, se violaría el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
“A los alcaldes se les pide que remuevan escombros lo cual requiere gastos extraordinarios no previstos en el presupuesto. El alcalde no puede dejar de cumplir con sus compromisos calculados previamente en el presupuesto”.
Saavedra también señala que los artículos 25, 26, 49 y 138 de la Carta Magna, dicen que debe aplicarse la justicia con todos sus trámites y eso no ha sido así en el caso de los alcaldes. No se ha cumplido con el debido proceso. El procedimiento no está ajustado a la ley.
“A los alcaldes se les acusa de un delito que no han cometido. Además, el TSJ no tiene porqué juzgar a alcaldes o funcionarios locales. El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Administración Pública dice que aunque tiene que haber obediencia a la autoridad, el imputado tiene derecho a la descarga de pruebas y a justificar sus actuaciones antes de ser juzgado. Asimismo, a los alcaldes se les ha negado la posibilidad de apelación”.
Víctimas del régimen
Tras encarcelar a Ceballos y Scarano vinieron en 2015 las aprehensiones de Antonio Ledezma (ABP) y Lumay Barreto (VP) administradora del municipio Páez, Apure. El primero está acusado de conspiración y permanece bajo arresto domiciliario. La segunda fue destituida por el Concejo Municipal de mayoría oficialista.
En 2016, durante los procedimientos para el revocatorio por parte de la MUD, el gobierno sacó del juego político a Delson Guárate (El Limón, Aragua) y Warner Jiménez (Maturín, Monagas), ambos de VP y señalados por hechos desestabilizadores.
En 2017, luego de más de 130 días de lucha, el gobierno se vale del TSJ para repetir la receta de 2014. Es así que entran a la lista de alcaldes separados de su cargo Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui), Carlos García (Libertador, Mérida) y Ramón Muchacho (Chacao) de Primero Justicia y David Smolansky de Voluntad Popular.
