En días recientes, justo después de la bomba lanzada por Smartmatic al cuestionar los resultados difundidos por el CNE de las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado Henry Ramos Allup encendió la polémica en el país al anunciar en una entrevista que su partido participaría en las elecciones regionales previstas para el 10 de diciembre.
Inmediatamente la discusión política de la MUD se trasladó del fraude de La Constituyente a las elecciones regionales, y las opiniones se dividieron en torno a la conveniencia de la participación dado el cuestionamiento al resultado del 30 de julio. Finalmente, la diatriba se zanjó y la mayoría de los partidos políticos acordó participar en las regionales.
Uno de las exigencias fundamentales de la Mesa de la Unidad Democrática
desde mucho antes que se agudizara el conflicto político es la realización de elecciones regionales y el establecimiento de un cronograma electoral. Dejar de participar cuando finalmente se abre la posibilidad de hacerlo es contradictorio con lo que ha sido su narrativa de este último año.
Esta exigencia está en consonancia con el deseo de la gente de expresarse a través del voto, y de continuar insistiendo en la vía pacífica para resolver la severa crisis de gobernabilidad que tiene metida a Venezuela en un callejón sin salida. No se puede olvidar tan rápido la consulta del pasado 16 de julio, cuando la que la gente apostó por la paz y el voto, en contra del radicalismo que reivindica la violencia.
Todas las encuestadoras confiables desde hace dos años reflejan de manera inequívoca que la oposición ha pasado a ser la mayoría del país y parte de la tragedia que vivimos tiene que ver con la imposibilidad de la expresión institucional de esta nueva mayoría a través del voto. Si como indican las encuestas la oposición gana en 18 estados, estos gobernadores estarían revestidos de gran legitimidad para impulsar el cambio político desde sus espacios.
Si la MUD ha enarbolado las banderas democráticas desde que se inició este conflicto, debe continuar apostado por la vía electoral como medio más adecuado para construir las bases de la tan anhelada democratización. La MUD ha probado ser muy eficiente en cuanto a organización ciudadana para hacer una campaña electoral exitosa y cuidar los votos en todo el país. Así se demostró en las elecciones parlamentarias de 2015 que vale recordar se realizaron con este mismo CNE.
Algunos podrán decir que la victoria de 2015 no sirvió de nada porque el gobierno a través del TSJ la despojó de sus funciones. Nada más alejado de la realidad. La verdad es que la Asamblea Nacional es la institución con mayor legitimidad del país y es la que ha empujado el reconocimiento y la solidaridad internacional con la que ahora cuenta la oposición en el mundo.
Lo que es seguro es que si no se inscribían
los candidatos opositores, las elecciones igual se realizarían sin falta el 10 de diciembre y de allí surgirán 23 gobernadores psuvistas. Al inscribir las candidaturas, la MUD estaría subiendo la apuesta y forzaría al gobierno a cometer una nueva ilegalidad para evitarlas. Nuevas violaciones a las reglas podrían traer consecuencias dentro de la coalición gubernamental que como sabemos no es monolítica.
Participar en las elecciones no es una traición a la protesta de calle que se ha dado durante los últimos meses. Ambas forman parte de la misma lucha, y lo electoral constituye el centro de la lucha pacífica.
La literatura sobre el tema apunta a que la democratización es posible cuando no se abandona la arena electoral, inclusive cuando se trata de elecciones semicompetitivas, en las que no existe igualdad de condiciones ni árbitros confiables.
El investigador Andreas Schedler sostiene que jugando con las propias reglas oficiales, es posible, con organización y unidad monolítica entre los opositores arrancar espacios de poder que luego serán útiles para lograr progresivamente una flexibilización el régimen.
Los escenarios están cambiando muy rápidamente y estas elecciones están sujetas a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que seguramente van a cambiar las normas establecidas en nuestra legislación. No obstante, valdrá la pena participar en tanto exista un mínimo de condiciones de competitividad y se restablezca el carácter directo, secreto y universal del voto, y no el sistema corporativista que se implementó en la votación constituyente.
