La condena internacional es un mal que adereza el complicado caldo de problemas económico que se guisa en Venezuela desde hace más de diez años. Cuatro meses de malestar social en calle, luego de par de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales anularon temporalmente la Asamblea Nacional (AN), junto a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), llamada fraudulenta, terminan de cerrar la válvula de una olla de presión que puede terminar por aislar a Venezuela, no sólo de sus homólogos del continente, sino también de grandes socios comerciales que incluso han catalogado el gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.
A la sanción de Estados Unidos a 22 funcionarios venezolanos por hechos recientes, lista que se abulta con los días, se suma la petición del Parlamento Europeo a gobiernos de la Unión Europea de sancionar al presidente Nicolás Maduro; ambos mercados donde Venezuela coloca millones de barriles de petróleo.
En América, 17 países han decidido desconocer la ANC por “su carácter ilegítimo”. El enérgico rechazo fue expresado en un manifiesto apoyado por cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, el vicecanciller de Canadá, el representante de Granada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el embajador de Uruguay en Lima.
El ambiente de presión afecta de diversas maneras las finanzas del país. La postura de naciones latinas, por ejemplo, generó la caída del bono soberano venezolano el pasado miércoles 9 de agosto.
Aunque mandatarios y demás personalidades del mundo, como Juan Manuel Santos Amaral, presidente de Colombia, han dicho que romper relaciones con Venezuela “traería más problemas que beneficios”, la idea sigue siendo discutida en varias mesas del mundo.
Sobre el escenario de posible aislamiento internacional, fue consultado Luis Oliveros, economista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien manifestó que esta es una realidad que ya vive el país, no sólo por la violación sistemática de los derechos humanos, sino por su misma situación económica, que aleja a inversionistas.
La inseguridad jurídica y personal, han hecho que empresas internacionales saquen a su personal de la nación.
Hacer negocios con la nación significa colaborar con un gobierno dictatorial, “fotografía que no todos los países están dispuestos a tomarse”.
A juicio de Ronald Balza Guanipa, economista y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), no sólo existe aislamiento, sino también descomposición económica, ya que algunos países podrían interrumpir su relación con Venezuela no sólo por razones formales, como sanciones de Estados Unidos y desconocimiento internacional a la Constituyente, sino porque las empresas pueden considerar que no habrá seguridad para sus bienes.
Es de recordar que Venezuela ha sostenido inconvenientes con compañías del extranjero por no poder estas repatriar sus recursos, motivado al control del cambio.
Lo mismo ocurre con acreedores internacionales. Cuando un país u organización presta dinero al Venezuela teme que no se le pueda pagar según lo acordado, más aún cuando las condiciones constitucionales no son claras.
Esto causa problemas, porque además Venezuela dejó de producir múltiples productos, que fueron sustituidos por importación. La dependencia de proveedores internacionales para la adquisición de alimentos y medicinas es amplia.
Las pocas exportaciones que aún se realizaban también resultan afectadas. Antiguos compradores tienen nuevos proveedores, lo que hace a Venezuela muy vulnerable.
La suma de todos estos factores genera caída del Producto Interno Bruto (PIB), desempleo, menos oportunidades de innovación y adquisición de tecnología, es decir, un deterioro aún mayor para la economía.
Efectos de la ANC
La Asamblea Nacional Constituyente, menoscaba aún más el ambiente, por ser una violación flagrante a la institucionalidad del país.
Según Orlando Zamora, analista financiero y exjefe de la unidad de análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela (BCV), el propósito económico de la ANC será generar inversiones para Venezuela, ya que el Estado no cuenta con fuentes propias.
Esperan lograrlo a través de concesiones mineras y petroleras, además de la explotación de oro, que permiten pensar en la obtención de $20 mil millones en diez años.
Esto se obtendría a partir de la inversión extranjera, ya que el Estado venezolano no cuenta con posibilidades para movilizar recursos dadas las condiciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que técnica y financieramente depende del BCV, que intenta mantener los niveles de reserva internacional, pero esto estaría condicionados por los $3.200 millones que se deben pagar durante el último trimestre de 2017 como parte de la deuda externa.
Para Oliveros la ANC es un instrumento que convierte al presidente Nicolás Maduro en una dictadura y no da respuesta a Venezuela por actuar fuera de la justicia y la institucionalidad.
Aseveró que la Constituyente genera beneficios políticos para el Gobierno, mientras que se traduce en pobreza, inflación, escasez y más problemas para la población.
Posibles inversionistas de Venezuela
Puede que potenciales negociantes sean países como Rusia, con un sistema de gobierno al que le atrae invertir en naciones como Venezuela para desafiar a gobiernos occidentales y hacer negocios poco transparentes que generen ganancias interesantes.
“Que Venezuela sea bien vista por Rusia, quiere decir que no estamos bien”, comentó el docente de la UCV.
Igualmente, Balza Guanipa, sostiene que existe la posibilidad de que otros países aprueben la convocatoria a ANC, a fin de sacar ventaja de las condiciones limitadas con las que puede contar Venezuela.
Entre estos destaca no sólo a Rusia, sino a China, naciones que pudieran ver sugestivo el Arco Minero y la Faja Petrolífera del Orinoco, recursos de generaciones futuras.
A fin de superar limitaciones actuales el gobierno puede negociar sus explotaciones a condiciones muy favorables para socios comerciales, pero no así para Venezuela, a propósito de que le brinden algún apoyo. El Gobierno podría no sólo hacer convenios en divisas para el país, sino generar estos sin el mínimo cuidado ambiental, lo que podría crear más daño a la nación.
Es de recordar que en estas zonas habitan comunidades indígenas y pequeños poblados de oriente.
Sobre si estos países no correrían algún riesgo al acordar negocios con Venezuela, Balza Guanipa, manifestó que las sanciones sobre la nación afectarán más al venezolano que al mismo gobierno, ya que aislar al país, limitando la adquisición de insumos, alimentos y medicinas, la colocaría rápidamente en situación crítica.
No obstante, subrayó que este elemento depende de la política mundial, ya que Venezuela pasaría a ser “una barajita de monopolio”, en el que las decisiones finales las toman los países más grandes, como resultado de alianzas entre ellos. Se coloca el país en situación de vulnerabilidad, donde la decisión última no se tomaría sólo dentro de Venezuela, sino en función de los intereses de otros países.
En jaque comercio internacional
Respecto al comercio internacional, Oliveros destacó que si bien Venezuela no mantiene una fuerte actividad con el Mercado Común del Sur (Mercosur), busca nuevos socios comerciales en países de Petrocaribe, Rusia y China. No obstante, estas posibilidades se cierran cada vez más porque constantemente se entra en conflicto con la comunidad internacional. Esto limita las oportunidades de comprar medicinas y alimentos, así como vender petróleo a otros mercados.
Recordó que después de Estados Unidos, Venezuela vende más barriles de petróleo por día a países de la Unión Europea, como España, Suecia e Italia, comercializaciones que pueden verse también afectadas con la ANC.
Sin embargo, más allá de las acciones específicas de los demás países, exhortó a analizar las dificultades con que se desarrollan las importaciones y exportaciones, motivado a las múltiples violaciones del gobierno venezolano.
Las sanciones a Venezuela representan un peso negativo para la economía del país. No obstante, Zamora salva que, conscientes de que cualquier decisión drástica puede afectar a la población venezolana, lo que la sumiría en una penuria mayor, gobiernos del mundo han cuidado que no sea así.
Sobre la suspensión de Venezuela de Mercosur, el exjefe del BCV expresó que la medida es grave y coloca la nación al margen de cualquier plan de expansión en el continente.
A esto se suma que Brasil y Argentina, la dotaban de suministros agrícolas y ganaderos. Asimismo, tenían inversiones en obras en Venezuela.
El cuadro es entonces negativo y dificulta las condiciones del país, que es visto como un espacio donde no se respetan los derechos humanos.
Venezuela ya no cuenta con el apoyo de aliados que eran importantes en su sistema económico. Además, amigos tradicionales como Cuba, Irán, Nicaragua y Bolivia tampoco gozan de condiciones para prestarle ayuda financiera.
Sanciones no afectan acuerdos
Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), explicó que el país aún forma parte del acuerdo de integración del Mercado Común del Sur (Mercosur), del cual, aunque fue suspendida, mantiene sus deberes.
Entre estos el N° 18, que está relacionado con el ámbito comercial.
En su ausencia, Venezuela también mantiene acuerdos de complementación económica con Brasil N° 69, Argentina N° 68, Paraguay N° 53 y Uruguay N° 54°, que tienen como objetivo mantener las preferencias arancelarias (beneficio en el pago de impuesto) entre los países.
Explicó que dichos pactos son suscritos de manera independiente de Mercosur, por lo que no estarían relacionados con las recientes medidas tomadas por el grupo de países, lo cual ha sido la preocupación de empresas exportadoras de Venezuela.
En América Latina, Venezuela cuenta con acuerdos de complementación económica con diversas naciones, a excepción de México, socio comercial importante con quien junto a Colombia, formó parte del Grupo de los 3, el cual se disolvió.
El primer cliente de Venezuela es la alianza del pacífico, compuesta por Chile, Perú, Colombia y México. Se llevan en mayor medida materias primas semiprocesadas y productos petroquímicos.
Desde el punto de vista interno, no negó que al sector le afecta productivamente la inestabilidad jurídica y económica de la nación.
A esto se suma que la caída del consumo interno ha hecho que la demanda nacional de algunos productos sea menos, por lo que son llevados al mercado internacional.
La industria no tiene créditos
Carlos Larrazabal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), sostiene que ya Venezuela está aislada. No sólo por las sanciones del extranjero, sino debido a las políticas económicas del gobierno.
Ejemplo de esto es que los industriales del país han perdido toda posibilidad de obtener préstamos y financiamiento en el extranjero por la inestabilidad generada por el Gobierno, Tampoco hay confianza en las exportaciones, puesto que no hay seguridad de que dichos compromisos sean atendidos, entre varias razones por falta de materias primas o manejo en los puertos.
Años atrás el intercambio comercial con Colombia superaba los $6.000 millones, al igual que con Brasil hasta 2012. Sin embargo, estos contratos se han perdido.
En opinión del presidente de Fedecámaras, el aislamiento lo produce el mismo gobierno con sus políticas, más que las sanciones en sí mismas, que podrían tener un efecto psicológico.
Explicó que si los venezolanos desean importar desde Estados Unidos se ven imposibilitados, por el sistema de Divisas Complementarias (Dicom), que como esquema legal es “una gota en el desierto”.
El grueso de actores económicos no tiene acceso a dicho mercado.
La solución a los problemas no es mantener a Venezuela en el encierro. Se trata de un escenario que no se halla en manos de los sectores políticos del mundo, sino de la misma Venezuela, que debe modificar su modelo económico y político, causa fundamental de la grave crisis del país.
