A Gabriel José Conde Hurtado, uno de los cuatro detenidos por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) el 07 de agosto, le correspondía ser presentado en audiencia ayer viernes, pero su condición de salud no era óptima. Durante su estadía en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) condiciones externas pudieran haber entorpecido su recuperación al ritmo deseado, tal como lo señalaron representantes del capítulo Lara del Foro Penal Venezolano (FPV) y de la ONG defensora de derechos humanos Funpaz.
El caso de Conde, al modo de ver del abogado acreditado por el FPV, Abraham Cantillo, ha sido de controversia por haber sido víctima de asedio constante por funcionarios del cuerpo castrense que lo detuvo junto con Jean Michale Thielen Guerrero (19), Jean Carlos Spinely Presti, (22), y Moisés David Gómez Colmenarez (18) en el distribuidor Bellas Artes, en el municipio Palavecino, donde dieron muerte a Eduardo Orozco, la vigésima muerte en Lara vinculada con protestas contra el Gobierno nacional.
Este jueves, Funpaz hizo público parte de esta conducta de amedrentamiento del Conas contra el detenido al intentar llevárselo del recinto de salud, luego de que un médico autorizara el alta médica del joven, pese a que debía continuar la recuperación de la operación en la mano derecha que le practicaron por una herida de arma de fuego que le hicieron en el lugar del arresto.
La actitud del Conas califica como asedio, argumentó Cantillo, porque al organismo en este caso solo le corresponde asegurarse que el detenido no salga del hospital y debe procurar que goce del derecho a la salud sin presentarle obstáculos.
Adicionalmente, por ser el organismo encargado de la custodia, recalcó el coordinador de Funpaz, Andrés Colmenarez, “el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida y adquiere más responsabilidad cuando está bajo la tutela de un organismo de seguridad”.
Por este mismo asedio y el episodio violento del que fue testigo el lunes, Conde podría padecer de crisis de pánico solo con notar la presencia de los efectivos. El equipo médico tratante considera esta posibilidad luego de los vómitos y los temblores que presentó el muchacho ayer. Queda por descartar si se trata de síntomas netamente psicológicos o si es parte de los efectos secundarios de las medicinas y para eso requiere, como explicó el especialista al abogado defensor de Conde, tiempo de recuperación para hacer una evaluación más completa y que el paciente esté en total reposo para garantizar la efectividad del tratamiento. Por lo pronto, el médico tratante insiste en tenerlo bajo observación.
Dadas las condiciones de Conde, la audiencia ante el Tribunal Sexto de Control se postergó para el lunes. El caso está a cargo Fiscalía de flagrancia, igual que los otros tres jóvenes detenidos junto con él y quienes fueron liberados el jueves con medida cautelar de presentación cada ocho días por instigación.
El caso de Conde no es aislado. Otro testimonio reciente de actuaciones en contra de los derechos de los detenidos tiene registrado el FPV en la región larense. Corresponde al caso de Erick Gómez, aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 26 de julio en el sector Fundalara de Carora, municipio Torres, día de intensa represión y actuación de grupos armados en esa zona.
Según el relato de Gómez ese miércoles él iba caminando por la zona de conflicto y, asustado, detuvo la marcha cuando vio pasar a la GNB. Enseguida y sin dar razones los castrenses lo arrestaron.
En el destacamento, entre varios uniformados lo golpearon fuertemente y lo torturaron, incluso, aplicándole electricidad, contó el muchacho a los abogados del FPV. Los agresores dejaron de golpearlo por petición de otro funcionario. Lo trasladaron al Hospital Pastor Oropeza de Carora y desde allí lo remitieron al Hcuamp, donde le hicieron una cirugía y donde sigue recuperándose.
Ante esta situación, el equipo del FPV estudia la posibilidad de formalizar una denuncia ante la Fiscalía 21 por violación de principios fundamentales y tratos crueles e inhumanos.
En el Hcuamp, según datos de Funpaz, hay por lo menos cinco personas hospitalizadas por tratos crueles de parte de los organismos de seguridad durante protestas.
