Con la decisión de Mercosur de expulsar a Venezuela de ese organismo internacional por no cumplir con la normativa democrática establecida como obligatoria, Protocolo de Ushuaia, para poder ser miembro del mismo, más la declaratoria de 17 países del continente americano, de considerar que el gobierno de Nicolás Maduro alteró el orden constitucional, se profundiza el aislamiento de nuestro país del mundo democrático, porque la repercusión de esa medida, de inmediato fue respaldada por otras naciones europeas.
El desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente por ilegítima, violatoria de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y el reconocimiento a la Asamblea Nacional que preside Julio Borges, como la Carta Magna vigente y legítima, le crea un cerco político, pero fundamentalmente económico, que le cierra toda posibilidad de realizar algún contrato internacional, al gobierno de Maduro, sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
Con la condena de la violencia oficial, a la persecución a los líderes opositores, a la existencia de presos políticos y el respaldo a la Fiscal General de la República, de los que son solidarios la OEA, la ONU y la Comunidad Europea, Maduro se enfrentará en los próximos meses a una presión de dimensiones difíciles de resistir, sin avenirse a alguna negociación que conduzca al restablecimiento del Orden Constitucional.
Y aunque Nicolás Maduro piense que los cubanos resistieron un embargo por parte de los Estados Unidos, cuando tenían el apoyo de la Unión Soviética y de la mayoría de los países comunistas del universo, hoy existe una nueva correlación de fuerzas, desapareció prácticamente el comunismo y la tendencia es a consolidar la democracia.
Todo parece indicar que este nuevo panorama político y económico mundial le resultará muy difícil a Maduro de derrotar. Se trata del 80% de los venezolanos que rechazan su administración por incompetente, hambreadora de la mayoría de la población nacional y por la violación de los Derechos Humanos; de una cantidad de países latinoamericanos ampliamente mayoritaria que han expresado su rechazo a la política represiva y criminal del régimen; a los Estados Unidos que ha comenzado a sancionar la cúpula militar civil que tiende a controlar todas las instituciones del país e imponer una dictadura; a la OEA que ya se enrumba a aplicarle la Carta Democrática Interamericana; a la ONU que se ha pronunciado contra la violación a los Derechos Humanos y por una negociación pacífica que conduzca al restablecimiento del Orden Constitucional; a la Unión Europea que prepara sanciones contra su régimen.
Ese cerco internacional, aunque el mayor esfuerzo es y debe ser de los venezolanos, crea las condiciones para obligar a Maduro a respetar la Constitución Nacional o de lo contrario a profundizar el conflicto que hoy viven los venezolanos, que tarde o temprano lo llevará su derrota.
El compromiso de todos los países democráticos del mundo occidental, de hacerle un seguimiento a la crisis venezolana, hasta coadyuvar a la oposición a buscar una solución pacífica, apunta hacia una solución en el menor tiempo posible, pero de no lograrse los llevaría a plantearla en la próxima reunión de la ONU con la finalidad de lograr otros apoyos y perseverar en una salida negociada y democrática.
