La Asamblea Nacional Constituyente no tiene facultades para asumir los poderes públicos, como pretende hacerlo mediante un decreto, expresó el Dr. José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, al ser consultado por EL IMPULSO.
Esa agrupación tiene una interpretación pervertida, errada y totalmente fraudulenta de lo que debe ser una Constituyente, explicó. Así se haya establecido (que no fue el caso porque previamente no se consultó al pueblo si debía ser realizada, ni mucho menos sobre las bases comiciales), aún en ese supuesto, debe entenderse que su función es la de redactar una nueva Constitución, que tiene que ser sometida a referendo para ser aprobada o rechazada. La vigente fue aprobada el 15 de diciembre de 1999.
Lo que está sucediendo con esta denominada Asamblea Nacional Constituyente no se corresponde en absoluto con lo que debe hacer según el artículo 347, que está referido a la refundación del Estado y al establecimiento de un nuevo orden jurídico. Todos los que participan en sus reuniones tienen que hacer planteamientos relacionados con el nuevo texto constitucional; pero, no son funcionarios para tomar decisiones, porque al hacerlo, claramente, usurpan funciones.
Y han usurpado funciones cuando sustituyeron a la fiscal general de la República, ya que esa atribución está contenida en el artículo 279. Solamente la Asamblea Nacional, la electa el 6 de diciembre del 2015, es la que podría removerla del cargo cuando se hayan cumplido los requisitos de ley relacionados con faltas que hubiera cometido y haya lugar para decidir sobre su salida del cargo.
-¿Puede esa Constituyente ocuparse de designar una Comisión de la Verdad y de una vez proceder, como se ha anunciado, a llevar a cabo sus actividades para presentar un informe que establezca responsabilidades individuales?
-En ningún momento. Esa no es función de la Constituyente. Ya le he dicho que el objetivo fundamental es elaborar una nueva Constitución y los escogidos para hacerlo no pueden desviar su atención de ese objetivo.
-Cuando asume competencias sobre los poderes constituidos, ¿estaría dando un golpe de Estado?
-Aquí se ha venido cometiendo un golpe de Estado continuado con el fraude constitucional perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia después del 6 de diciembre de 2015 hasta la fecha, cuando se han producido más de 120 decisiones contra las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional electa en votación universal, directa y secreta.
El Dr. Haro explicó que las actuaciones en que ha incurrido el Tribunal Supremo de Justicia al citar a sus audiencias a los alcaldes, para luego acusarlos, ordenar su detención y destituirlos, además de inhabilitarlos políticamente, son arbitrariedades que entran en ese golpe de Estado continuado. Ya no solo está apresando a los alcaldes sino que existe la posibilidad de que continúe con el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.
Ese golpe de Estado continuado incluye la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional legítima, ya que el TSJ las asumió violentando el artículo 63 de la Constitución.
-¿No incluye también el Estado de Excepción y Emergencia Económica del Presidente de la República?
-Naturalmente, el TSJ ha aprobado esa figura que le corresponde a la Asamblea Nacional aprobarla o rechazarla. Hasta la fecha el decreto ha sido prorrogado en forma constante en diez lapsos. Y dentro de su aplicación se han tomado las más disímiles decisiones. Incluso se ha hablado de que esta Constituyente es para resolver la crisis que afecta al país.
La declaración de dictadura venezolana
El Dr. José Vicente Haro destacó la reunión de cancilleres efectuada en Lima, donde la representación de 17 países firmó un documento a través del cual rechazan la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro y desconocen los resultados que la misma pueda producir.
De esta forma hasta ahora son más de 50 los países que han tomado esa misma decisión. Es la primera vez que tal unanimidad contra una nación en este continente. Ni siquiera cuando Alberto Fujimori, precisamente en el Perú, ejecutó el llamado “Fujimorazo” contra el Congreso y el Tribunal Constitucional, en 1992, hubo un pronunciamiento de tal naturaleza.
Y es de resaltar que fue en Lima, donde como consecuencia de ese “Fujimorazo” se produjo la Carta Democrática Interamericana. Ahora los cancilleres enérgicamente han declarado que en Venezuela existe una dictadura. Y la rechazan abiertamente.
En este mismo aspecto es de señalar que Venezuela ha sido suspendida de Mercosur hasta tanto vuelva a encarrilarse en el cumplimiento de sus obligaciones, entre las cuales está el de respetar principios democráticos.
