En las últimas décadas en el ámbito académico han proliferado estudios y publicaciones que aplican el instrumental metodológico de la economía al análisis de variados problemas. Temas como la política, la democracia, el derecho, la cultura, el sexo, el fútbol, la guerra o la religión han venido analizándose sobre la base de una metodología individualista, antes reservada al análisis económico, que parte de la consideración positiva de los individuos y los gobiernos que se comportan racionalmente y que actúan en los diferentes órdenes de la vida con objetivos esencialmente egoístas.
En el ámbito de la política, los estudios resaltan dos grandes campos: 1) teoría de la elección de autoridades y por extensión al comportamiento del elector en las consultas públicas y 2) las políticas económicas a implantar por quien quiere perpetuarse. Aquí nos ocuparemos del segundo campo, no sin antes verter un comentario sobre el primero.
En la jerga que habitualmente utilizan los economistas se puede decir que los electores actúan de manera que sus decisiones le permitan maximizar algún tipo de “función de utilidad”.
El grado en que un elector esté vinculado a una estructura partidista condiciona su estrategia electoral, y su decisión en cualquier consulta es altamente previsible, pues está “controlado por la estructura”.
Mientras que un elector no militante se guiará, apelando a su racionalidad, por lo que se puede llamar con cierta libertad terminológica, el principio de maximización de la función de utilidad, política. Tal criterio lo lleva a elegir la mejor opción, y esta no es otra que la que le ofrezca más beneficios personales o familiares. El que está en funciones de gobierno también procura maximizar su función de utilidad, hacer aquello que concite la mayor cantidad de votos.
Pues bien, en las sociedades rentistas (en las cuales se consiguen ingresos no derivados del trabajo, ayudas, transferencias, pensiones, becas, misiones), como es el caso venezolano, donde además del ingreso público proveniente de los impuestos se dispone de un ingreso petrolero internacional, el Estado tiene un doble papel que jugar en la esfera económica y en la justicia social: redistribuir el ingreso tributario por un lado y repartir la renta petrolera por otro.
En el primer caso se trata de quitarle a los sectores poderosos y asignárselos a los carentes de recursos, vía gasto público. En el segundo, no le están quitando nada a nadie. Como el Estado hace de repartidor de lo que en el lenguaje político nacional se denomina “las gotas de petróleo”, de acuerdo a la noción de maximización aquí presentada, el elector racional se inclinará por la opción que le ofrezca “más gotas”.
De lo que se deduce una norma de comportamiento lapidaria: cuando los precios del petróleo caen, quien está en funciones de poder es desalojado del poder, o cede el paso a cualquier alternativa, su popularidad se derrumba, puesto que no hay gotas que repartir. Si se da esa circunstancia, la élite política se queda sin oficio. Postulado confirmado invariablemente por experiencia venezolana, derrumbe de precios, pérdida del poder.
Que en momentos de crisis económica, expresada básicamente en bajos salarios y expectativas deprimentes sobre el futuro, tenga lugar un revés electoral es absolutamente normal, ha ocurrido en todas partes del mundo.
La predicción no falla, el que está en funciones de mando perderá, tal como ha ocurrido siempre, ratificado en Venezuela en diciembre 2015. Ahora bien, que un gobierno reciba masivo apoyo en medio de una catástrofe económica de vastas proporciones es una anomalía que desconcierta a los más sagaces analistas, y nos obliga a rebatir todas las corrientes de pensamiento que buscan una explicación al comportamiento de los votantes.
No soy la pluma indicada para discutir si los resultados anunciados son limpios o sesgados. Ya habrá tiempo para que analistas competentes se ocupen del caso. Aquí interesa destacar que luego de la jornada del 30J, el Gobierno no tiene motivos ni razones para modificar las políticas que ha venido aplicando en los últimos dos años. Hacerlo sería autoderrotarse.
Por racionalidad en la decisión se entiende que la misma es coherente con las preferencias del decisor. En otros términos, se toma la decisión que maximiza la utilidad esperada. Un sujeto racional decidirá por una apuesta al conocer lo que se gana, lo que se pierde y la probabilidad de ganar, empleando la maximización de la utilidad bajo riesgo.
En el caso venezolano, el Gobierno, interesado en maximizar su función de utilidad política, retener el poder, se encuentra atrapado en una monumental paradoja: si intenta solucionar la crisis, entra en bancarrota electoral. Por lo tanto, no modificará su política, sabiendo que está fuera de controversia que todo gobierno quiere perpetuarse.
Quiere decir entonces que si el equipo de gobierno quiere continuar en funciones de mando, en los meses venideros, asistiremos a una exacerbación de la excusa de la guerra económica, mayor deterioro de los salarios, recrudecimiento de la inflación, desabastecimiento crónico, fuga de talentos y crispación del enfrentamiento con el sector privado, entre otras cosas. A no ser que estemos en presencia de una gran farsa.
