Solo en Lara existen cuatro casos en los cuales padre o madre ha sido detenido con su hijo en el marco de las protestas ciudadanas, señala Andrés Colmenárez, director de Funpaz.
Colmenárez expone que la noche del jueves 3 de agosto la juez 5ta de Control del Circuito Judicial del estado Lara, Elena Maribel Párraga, decidió como centro de reclusión la cárcel de Uribana para Ana Barazarte, Daniel Palacios, Victoria Capo, Gustavo Palacios y Rubén García, detenidos el 24 de julio en los alrededores de El Cardenalito en horas de la mañana. Ese día la ciudadanía protagonizaba múltiples cierres de vías.
En el proceso de aprehensión actuó el Conas, recuerda el activista por los derechos humanos.
“Fue irregular y arbitrario. En el control del orden público no debería actuar la GNB y mucho menos el Conas que es un comando contra la extorsión y el secuestro. Argumentan que el cierre de vías representa un secuestro para el ciudadano común. Con base en esa premisa permiten que actué el Conas, lo cual es un patrón a escala nacional”.
Daniel Palacios estaba con su mamá en El Cardenalito cuando aparecieron los funcionarios del Conas, quienes al no poder desprender a la mujer del muchacho, decidieron llevársela también.
“Esto también en un patrón que se está repitiendo. Tenemos cuatro casos en los que detienen al hijo con el padre o la madre. Estas personas estuvieron en la sede del este. Fueron presentados ante la justicia militar que declinó la competencia al tribunal ordinal por falta de elementos de convicción”.
Se conoció que luego de determinarse un régimen de presentación la juez libró una boleta de traslado a la cárcel de Uribana, unos para el anexo femenino y otros para el anexo masculino.
“Producto de la presión que se ejerció a través de las redes sociales y la denuncia ciudadana, la juez decidió fijar como centro de reclusión el Comando Alí Primera. Los detenidos pasaron la noche en el Conas y esta mañana (ayer) fueron trasladados al Alí Primera. Nos preocupa que se use la figura del amedrentamiento contra las personas detenidas, a quienes se les amenaza con trasladarlos a cárceles ordinarias cuando el proceso de investigación de la fase preliminar del juicio establece otras medidas menos gravosas como casa por cárcel o régimen de presentación”.
Indica que tras el resultado de la elección a la ANC el presidente del Circuito Judicial Penal había mandado a suspender las audiencias a fin de esperar los lineamientos para los detenidos en protestas.
“Se criminaliza aún más la protesta, lo cual es muy peligroso en el tema del debido proceso en Venezuela. En el David Viloria hay más de 25 personas que fueron detenidas en Valencia, está también Carlos “Pancho” Ramírez, estudiante merideño de la ULA y Raúl Emilio Baduel”.
Colmenárez dice que en las últimas dos semanas al menos 260 personas han sido trasladadas de Uribana a diferentes cárceles del país.
“Pudiéramos pensar que para desalojar los destacamentos militares se están desocupando algunas cárceles para llevar a los detenidos en protestas lo que rechazamos contundentemente porque estos recintos son para personas sentenciadas o condenadas no para detenidos en la fase preliminar de la investigación”.
