El gobierno nacional a través de su Consejo Nacional Electoral (CNE) ha ordenado realizar elecciones para gobernados de los Estados durante el mes de diciembre, lo cual aparentemente permitiría realizar una larga discusión entre los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acerca de si participan o no en las mismas, pero le ha montado un nuevo obstáculo, al decidir que las inscripciones de los candidatos debe realizarse entre el 8 y el 10 de este mes de Agosto. No hay tiempo para mucho debate en la oposición: inscribe sus candidatos en la fecha fijada por el gobierno o deja en manos del oficialismo todas las gobernaciones, algo parecido a lo que sucedió en el 2005 cuando se abstuvo de concurrir a las elecciones legislativas, y el gobierno copó todas las curules, con las consecuencias que todos conocemos y que sufre mayoritariamente el sector más pobre del pueblo.
Y aunque el dilema de participar o no en dichas elecciones no resulta fácil de resolver, por la tendencia de un buen sector de la oposición, que desde ya denuncia como una traición concurrir a las mismas, porque consideran que es incompatible con la lucha de calle, que ha cobrado más de un centenar de muertos, y que debe continuar presionado al gobierno hasta que Maduro abandone el poder. Pero cuando se plantea el peligro de entregarle al régimen todas las gobernaciones, surgen dudas y diversas interrogantes. Todo parece indicar que además de mantener la protesta cívica, constitucional, en las calles, se debe aceptar el reto del gobierno, fundamentalmente porque quien tiene la mayoría de los votos es la oposición, mientras la cúpula militar cívico posee la mayoría de los bombas lacrimógenas, las armas y la violencia institucional, responsable del centenar de muertos caídos en los últimos meses, además de los grupos paramilitares que actúan con la complicidad de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional.
Una dirección política en momentos tan cruciales como los que atraviesa el país, según la experiencia mundial, no puede descartar ninguna forma de lucha. Los responsables de conducir la nación están obligados a una seria reflexión, en el menor tiempo posible, acerca de las formas de combate aplicadas en un momento determinado, obedeciendo a una estrategia única, que como todos lo han planteado se trata de rescatar el orden constitucional.
De la retórica indispensable para entusiasmar a las multitudes, de la fe en la victoria y de la creencia en que el régimen está caído ya, con todo el respaldo militar que has ostentado hasta hoy, hay que pasar a una evaluación realista del momento político que atraviesa el país, para acercar lo más posible el triunfo de la democracia. El secuestro de Leopoldo López y Antonio Ledezma, unido a centenares de otros presos políticos y la violación de los Derechos Humanos de miles de detenidos en las manifestaciones o los asaltos a hogares sin orden judicial, obligan no sólo a reafirmar principios y valores democráticos, sino también a acertar en las batallas cívicas del momento. El gobierno de Maduro está cada día más cercado por el mundo democrático que desconoce la espuria Constituyente con la que pretende perpetuarse en el poder, y más del 80% de los venezolanos ha manifestado su repudio a su administración del hambre, de la inflación y de la inseguridad en la que vive la mayoría de la población. Pienso que la dirigencia política de la oposición debe discutir, incluso, la posibilidad de una negociación que abra el camino al rescate de la Constitución Nacional.
