Desde el mes de julio la Gobernación de Lara no percibe los recursos ordinarios correspondientes a más de cinco mil millones de bolívares para el pago de la nómina compuesta por 34 mil trabajadores.
Ante esta realidad, que no solo afecta a los empleados dependientes del Ejecutivo regional sino diversos compromisos para con la ciudadanía, fue consignado un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, asimismo, fue consultada la Tesorería del Estado, órgano que alegó no tener capacidad financiera para responderle a la Gobernación de Lara, Miranda y Amazonas, así como a cierto número de alcaldías de tendencia opositora.
Erick Valles, secretario general de Gobierno, declaró que lo que regularmente llegó como dozavo de enero a junio, se omite desde julio.
“La información que nos dio la Tesorería nacional el miércoles es que no tienen capacidad financiera para enviar los recursos al estado Lara, Miranda y Amazona y seguramente en esa misma situación están las alcaldías opositoras”.
Al parecer, la tesorería espera que le ingrese dinero al Estado para enviar los recursos.
Por otra parte, Valles explicó que el amparo introducido ante el TSJ tiene relación con el retraso en el envío del dozavo al estado Lara.
“Queremos que sea propiamente el TSJ el encargado de presionar a fin de que se proceda al envío de ese recurso”.
Añadió que los sindicatos estuvieron presentes durante la visita a la tesorería para que constataran de primera mano las insuficiencias del gobierno nacional.
“No es que el gobernador tiene los recursos o no quiera pagar. Simplemente el dozavo no ha llegado”.
Apuntó que la situación no tiene nada que ver con los créditos adicionales, que se corresponden con un monto que el Gobierno nacional aprueba fuera de los recursos ordinarios. El dozavo es el presupuesto asignado a la gobernación dividido en 12 meses y que fue aprobado en octubre de 2016.
Destacó que con esos cinco mil millones mensuales se cancela la nómina de los trabajadores, el bono de alimentación, los compromisos producto de la convención colectiva, la pensión de jubilados y pensionados, alimentos para los animales del zoológico, comensales de los hospitales y ambulatorios, detenidos de las comandancias, entre otros.
Está en juego también la adquisición de medicinas e insumos quirúrgicos, agua potable, deudas pendientes.
La última quincena que cobraron los trabajadores fue la del 30 de julio, sin embargo, quedó pendiente el bono de alimentación.
“Tuvimos que resolver pero esa posibilidad ya no existe para el 15 de agosto por lo cual la situación es crítica para todos los trabajadores y todo el estado Lara”.
