El gobierno panameño otorgó asilo político a dos magistrados nombrados por el parlamento venezolano -controlado por la oposición-, y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no reconoce, informó este viernes la cancillería.
A través de un comunicado, la cancillería panameña informó que «ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político» de Gustavo Sosa Izaguirre y de Manuel Antonio Espinoza Melet, integrantes de los 33 magistrados de la Corte Suprema paralela nombrada por la Asamblea Nacional.
Según el gobierno panameño, ambos magistrados «ingresaron a la residencia y misión diplomática» de Panamá en Venezuela en «días pasados».
Sosa denunció «constantes amenazas y amedrentamientos de altos funcionarios del gobierno venezolano y militantes del partido de gobierno», en tanto Espinoza acusó una «atroz persecución» contra los magistrados y sus familias, según un decreto del Ejecutivo panameño publicado este viernes en Gaceta Oficial.
El anuncio de asilo a Sosa y Espinoza se produce el mismo día en que se instalará en Caracas la Asamblea Constituyente, impulsada por Maduro y fuertemente rechazada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Panamá reiteró al gobierno de Maduro un llamado a «negociar una salida política en el marco de la constitución vigente en Venezuela» y en el «más estricto respeto de los Derechos Humanos» para «el bienestar de su población», según la nota.
Chile informó el jueves que ya son seis los opositores venezolanos refugiados en su embajada en Caracas, entre ellos los también magistrados nombrados por la oposición Zuleima Del Valle González, Beatriz Ruiz, José Fernando Núñez y Elenis Del Valle Rodríguez.
A diferencia de Panamá en el caso de Chile no se ha informado de un pedido de asilo.
El pasado 22 de julio fue detenido el magistrado Ángel Zerpa Aponte, un día después de su designación como magistrado por la Asamblea Nacional, y fue presentado ante un tribunal militar, que ordenó su encarcelamiento.
