La actual Asamblea Nacional desde su instalación, tenía una deuda con Venezuela, debía nombrar los nuevos magistrados del TSJ que inconstitucionalmente había designado la anterior Asamblea Nacional. A esos magistrados designados el 23 de diciembre de 2015, se les dio la muy certera denominación de “magistrados exprés”, por su atropellado nombramiento, por la violación de las normas legales y constitucionales vigentes para su designación y por la celeridad para juramentarlos a finales de 2015. Después de muchas consultas y de cumplir detalladamente con los requisitos necesarios para las designaciones aludidas, la nueva Asamblea Nacional, órgano facultado por la Carta Magna para hacerlo, cumplió e hizo las correspondientes designaciones. Había cesado su mora. Nombró magistrados a la altura de las exigencias constitucionales y morales para el desempeño del cargo de magistrado.
Una vez designados, los magistrados fueron sentenciados por la actual Sala Constitucional, sin derecho a la defensa, violando el debido proceso, por el supuesto delito de usurpación de poderes, como si los hubiera nombrado Mafalda o Spiderman. No han actuado en ningún proceso, no han dictado sentencias y el origen de sus designaciones es la Asamblea Nacional, que como hemos dicho, es el órgano competente para su designación, el más legítimo de los poderes públicos. Tremenda injusticia a la que han sido sometidos los nuevos magistrados. Algunos de ellos ya están presos y otros en el exilio o solicitándolo. Mi solidaridad con ellos, todos doctos, prudentes, autores de importantes publicaciones jurídicas, profesores universitarios y de gran experiencia profesional.Especialmente solidario con los magistrados larenses Ramón Pérez Linares, Pedro Troconis, Domingo Salgado y Rafael Ortega. Un lujo de TSJ el designado por la Asamblea Nacional.
Otra decisión de la Sala Constitucional ha sido la orden de privación de libertad contra los alcaldes Alfredo Ramos de Barquisimeto, Ramón Muchacho de Chacao y Gustavo Marcano de Lecherías. Se les acusa de desacatar la orden de la misma Sala Constitucional de impedir las denominadas guarimbas en sus respectivas ciudades, como si las mismas no fueran producto del enorme descontento popular contra muchos gobiernos locales, pero especialmente contra el gobierno nacional, por la inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas y la indetenible inflación que sufre nuestra población, etc. Contra los responsables de estas situaciones es que debería dirigirse la Sala Constitucional y no contra los alcaldes que ni siquiera los recursos necesarios reciben del gobierno nacional. Vaya mi solidaridad con Alfredo Ramos, esforzado luchador social y político que no merece el trato que se le ha dado.
Se realizó el domingo 30 de julio la votación para elegir los constituyentes de la inconstitucional ANC. Ese proceso, como ha dicho la Fiscal Ortega, está viciado en su origen porque ha debido consultársele al pueblo si quería la ANC, está viciado en su realización y en el muy dudoso resultado. Creo que ha concluido con la más espantosa mentira que gobierno alguno haya dicho en la historia de Venezuela. Con la ANC muere la libertad y la democracia.
