El respaldo a sus trabajadores que se han unido al paro cívico general convocado para los días de hoy miércoles 26 y jueves 27, ratificó Conindustria, por considerar que es un derecho ciudadano y constitucional que representa un mecanismo válido de protesta ante la decisión ilegítima del Ejecutivo Nacional de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que, no sólo no es la solución para la grave crisis socioeconómica y política que vive el país, sino que más bien contribuirá a agravarla.
Los industriales venezolanos, no sólo acompañan esta manifestación necesaria, pacífica y
constitucional, sino que reiteramos que sin cambio político no es posible generar el entorno en el cual se recupere la producción de las empresas, el abastecimiento, el empleo y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Señala Conindustria, que durante los últimos 18 años, el régimen socialista vigente en el
país ha destruido empresas industriales, incluyendo las vinculadas con los sectores
petrolero, químico y petroquímico, siderúrgico y metalmecánico, automotriz y de
autopartes, papelero y de artes gráficas, de producción de cemento y materiales no
metálicos, entre otros; ha causado un deterioro profundo de la infraestructura (seguridad
personal, electricidad, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos); la pérdida de
puestos de trabajo y de la cultura del trabajo; ha destruido la moneda nacional, el bolívar,
como mecanismo de intercambio comercial y de ahorro, y arruinado el tejido
macroeconómico de la nación con una inflación que ha empobrecido a los ciudadanos y
unas tasas de interés que han eliminado el sistema financiero nacional como herramienta
crediticia. Por eso, hoy Venezuela es un país en ruinas materiales, de infraestructura, de
convivencia y de instituciones.
Por tales razones, y en aras de mantener la democracia y la paz en Venezuela, solicitamos
que el gobierno nacional retire la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente,
sin más condiciones que el respeto por la voluntad de los venezolanos; que propicie la
urgente e indispensable celebración de elecciones generales, mediante el voto universal y
secreto; que reconozca a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 como
representación legítima de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y al nuevo Tribunal
Supremo de Justicia elegido por esta institución haciendo uso de las atribuciones que le confiere la ley.
