Juan Vicente Gómez era vicepresidente cuando su jefe, Cipriano Castro, tuvo que dejar la presidencia de la República para ir al extranjero en busca de tratamiento médico. Y 104 años después, Nicolás Maduro, también por la enfermedad de su jefe que debió ser internado en Cuba por un cáncer que padecía, llegó a ser presidente de Venezuela y aspira mantenerse en el cargo indefinidamente con la Constituyente, según sectores de la oposición, porque electoralmente no tiene oportunidad de ser reelecto.
Por la circunstancia mencionada, Gómez toma el cargo el 19 de diciembre de 1908 y Maduro, el 8 de diciembre de 2012. Aquel por el Congreso Nacional es elegido Presidente el 27 de abril de 1910 y el actual jefe del Ejecutivo Nacional, electo el 14 de abril de 2013.
El profesor e historiador Carlos Alberto Giménez, quien ha venido analizando los mandatos desde Gómez a Maduro, señala que después del Benemérito, cuyo mandato fue el más largo que ha habido en Venezuela, le sigue en prolongación el régimen chavista-madurista, que se ha extendido por 18 años y pretende continuar a pesar de la grave crisis política, económica y social que sufre la mayoría de la población.
Es de recordar que Gómez fue uno de lo 60 hombres con que Castro invadió, desde Cúcuta, a Venezuela con su proclamada Revolución Liberal Restauradora que puso fin al gobierno impopular de Ignacio Andrade. Y Maduro, sin tratar de hacer ningún paralelismo con aquel, fue uno de los pocos hombres que acompañó en sus inicios políticos a Chávez desde la cárcel de Yare con la denominada revolución bolivariana.
Reducción del período presidencial
El Congreso Nacional, refiere el profesor Giménez, que aún no le era sumiso al nativo de La Mulera, queriendo evitar que el nuevo mandatario evolucionara en otro déspota autocrático que quisiera perpetuarse en el poder, había tomado las previsiones legislativas para intentar impedir legalmente que tan recurrente mal en la historia de Venezuela se siguiera repitiendo en la nueva Constitución, sancionada en agosto de 1909. Los legisladores dejan establecida la reducción del período presidencial a solo cuatro años y la no reelección.
Además, crean un organismo, entre comillas parapresidencial, consultivo, denominado Consejo de Gobierno, que estaría integrado por diez miembros, elegidos por el Congreso y cuyo primer vocal ejercería las funciones de vicepresidente o “segundo a bordo”.
Privilegios para los militares
Para 1913, la gestión de Gómez ha sido muy “productiva” tanto para las potencias extranjeras como para los sectores políticos y militares leales y serviles a su gobierno.
Mientras tanto y muy soterradamente, el futuro dictador fue extendiendo sus férreos tentáculos y logrando el control de todos los cuerpos del ejército, colocando en sus mandos a paisanos suyos, a los cuales concedió exclusivos privilegios y beneficiosos sustanciosos.
Igualmente lo hace con los presidentes (no se llamaban entonces, como ahora, gobernadores) de los estados. A estos funcionarios les entrega no sólo la administración de los gobiernos regionales a su particular juicio y antojo, sino que les permite hacer de su autoridad y designios, la ley avasallante e inapelable en su región, siempre y cuando estuviese en secuaz complicidad con su proyecto “patriótico rehabilitador”.
El máximo tribunal con el Gobierno
Ese año de 1913, Gómez entra en abierta confrontación con el Consejo de Gobierno y aprovecha un nuevo conflicto con él, a raíz del restablecimiento de las relaciones con Francia y el pago de una desmedida indemnización a los propietarios del Cable Francés, la cual es rechazada por el Consejo. El caso es llevado a la Corte Federal y de Casación (equivalente al hoy Tribunal Supremo de Justicia), donde Gómez había colocado a abogados dóciles, prestos a complacerle, por lo que como era de esperarse, emiten una sentencia a su favor.
En vista que los miembros del Consejo se resisten a acatar la decisión de la Corte, Gómez ordena la detención inmediata de algunos de ellos, pero estos logran escapar a tiempo al extranjero y otros se esconden en diversas partes del país.
El autócrata logra que el Congreso, muy sumiso a sus órdenes, sustituya a los miembros del Consejo y coloca a los viejos caudillos que lo acompañaron en la lucha contra la denominada Revolución Libertadora.
Estado de excepción y Constituyente
Como no puede reelegirse, Gómez divulga una inminente invasión por parte de Cipriano Castro y decreta el estado de excepción y ordena la movilización del ejército.
Y tras varios meses de estado de excepción, se suspenden las garantías y se convoca un congreso de diputados plenipotenciarios, con representantes de las entidades regionales para reconstruir la república, comenta el profesor Giménez. Este parlamento aprobó un estatuto constitucional provisorio, el 19 de abril de 1914 y reelige a Gómez, además de crearle el cargo de comandante en jefe del ejército nacional. Gómez eliminó el Consejo de Gobierno porque le estorbaba. La Constitución del 14 le da la reelección indefinida.
Gómez dictará cinco constituciones: 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931.
Organismos represivos y tribunales
A mediados de 1957, han pasado 60 años, Marcos Pérez Jiménez y su entorno –entre ellos Laureano Vallenilla y Pedro Estrada—estaban claros que la base social que sustentaba su gobierno se le estaba evaporando irreversiblemente. Su proyecto político se había agotado y ya no tenían alternativas ni salida para resolver la aguda crisis que afrontaban a no ser violando el marco legal que crearon y los ideales que juraron defender, dice el profesor Giménez.
Temerosos de ser execrados del poder con las mismas fórmulas como arribaron a él, surgieron sus denuncias sobre develadas conspiraciones, tras lo cual arreciaron las medidas de acoso y persecución contra todos aquellos que fuesen considerados “enemigos de la patria”, empleando en combinación tanto a los cuerpos represivos como el sistema judicial tribunalicios.
Probabilidad de perder elecciones
Pero, observa el profesor Giménez, lo que era mucho más grave aún y motivo de sus desvelos e intrigas, era la probabilidad cierta de perder las próximas elecciones presidenciales, que según lo establecía el artículo 104 de la Constitución de 1953, dictada por la propia dictadura, debían celebrarse en el mes de diciembre y que serían regidas por el Estatuto Electoral de régimen.
Ese estatuto establecía la participación libre y plural de todo ciudadano mayor de 21 años en elecciones directas, secretas y universales, lo cual implicaba que la oposición, aunque ilegalizada, podría participar conformando un bloque unitario, técnicamente independiente y en torno a una figura de consenso, que no tuviese condenada o inhabilitada por el régimen.
La oposición, que se había aglutinado en la Junta Patriótica, operaba con los medios a su alcance –en especial hojas volantes, pintas en paredes, comunicados y jornadas de protesta- una efectiva campaña de denuncias de las tropelías y corruptelas de la dictadura. La Iglesia católica jugó un papel de primer orden.
A pesar de la severa censura de la prensa por la Comisión del Examen de la Prensa y la Comisión Nacional Supervisora de Radio, de las repetitivas promesas de que pronto mejoraría la situación del país, de la práctica de dádivas y sobre todo de la avasallante campaña propagandística en pro de la gestión de la dictadura, el rechazo a Pérez Jiménez era generalizado.
La oposición lanza como candidato presidencial a Rafael Caldera y también a los aspirantes al Congreso, asambleas legislativas regionales y concejales.
Pero la dictadura prepara su maniobra continuista. Acusa a Caldera de conspirar contra la estabilidad del Estado y los intereses de la patria. Lo detiene el 21 de agost
