Ejecutar las acciones de coerción pertinentes contra los recién nombrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó la Sala Constitucional en la figura de su presidente, magistrado Juan José Mendoza.
Explicó este viernes que “un grupo de personas” designado por la Asamblea Nacional estaría incurriendo en el delito de traición a la patria y contra los poderes nacionales y de los estados, tipificados en el Código Penal; así como también estarían usurpando las funciones de las autoridades escogidas por la Asamblea Nacional en 2015, según refiere la sentencia N° 545 publicada el pasado jueves 20.
Reiteró que no existen vacantes en el alto tribunal ni el Consejo Moral Republicano participó en la segunda preselección como lo establece la Ley Orgánica del TSJ en su artículo 38, ante lo cual se está violentando el principio constitucional de seguridad jurídica.
“La Sala observó que tal como lo decidió el Consejo Moral Republica, precluyó la oportunidad para la preselección, designación y juramentación de los magistrados pues esta se produjo el 16 de diciembre de 2015 y fue publicada en Gaceta Oficial N° 40.816 del 23 de diciembre 2015. La Sala Constitucional debe reiterar la advertencia dirigida a los diputados a la Asamblea Nacional, a los ciudadanos integrantes del írrito Comité de Postulaciones y a quienes se pretendan investir de magistrados que están incurriendo en el delito de usurpación de funciones”, destacó Mendoza al tiempo que recordó que el Legislativo permanece en desacato, por lo que todos los actos que de allí deriven son nulos y carentes de validez y eficacia jurídica.
