La consulta al soberano convocada por la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la que sufragaron 7 millones y medio de ciudadanos, para rechazar la ilegal convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, realizada por el Presidente Nicolás Maduro, sin consultar el pueblo, ha tenido una repercusión nacional e internacional de gobernantes, legisladores y diversos sectores de la sociedad civil, que puede y debe llevar a un cambio político, económico y social, de una manera pacífica y electoral.
El precedente venezolano ha sorprendido a los más altos representantes del mundo democrático, que no sólo le han brindado apoyo a la oposición del país, sino que también le han solicitado al Presidente Maduro que desmonte el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, porque contraría el pensamiento y la voluntad de millones de ciudadanos, que tienen más 100 días manifestando masivamente en las calles de la principales ciudades del país, protestando lo que es una flagrante violación a la Carta Magna.
La sorpresa se hace mayor cuando varios ex presidentes democráticos y varios organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos y de la democracia en general, han podido presenciar la realización de un evento electoral, de forma impecable, sin la ayuda de un Consejo Nacional Electoral rector de procesos semejantes, y sin un Plan República que moviliza decenas de miles de militares para resguardar el orden público y garantizar la realización de dichos eventos.
Y aunque la respuesta del gobierno de Maduro ha sido una brutal represión, violando los Derechos Humanos de miles de manifestantes y asesinando a casi 100 venezolanos, fundamentalmente jóvenes que han expuesto sus vidas luchando por la libertad y un mejor futuro, todos los gobernantes del universo democrático, solicitan un seria y transparente negociación entre el gobierno y la oposición, que conduzca al restablecimiento de la Constitución Nacional, a un verdadero Estado de Derecho en el que impere la justicia y no la venganza política.
Juristas y analistas políticos coinciden en que la insistencia del gobierno en aprobar una Asamblea Constituyente inconsulta con el soberano, está dirigida a perpetuar en el poder a Maduro y sus más cercanos colaboradores en la imposición de una dictadura militar, intento que tendrá que enfrentar a todo un pueblo que tiene apoyo internacional y disposición a luchar hasta alcanzar la libertad para todos los venezolanos.
Los resultados de la consulta al pueblo tiene efectos contundentes, entre los que destacan: Maduro, su Alto Mando Militar, sus organismos represivos y sus paramilitares no podrán derrotar a cerca del 90% de los venezolanos que aspiran y están decididos a vivir en libertad; la solución de la crisis que atraviesa la sociedad venezolana, requiere de un entendimiento que garantice la independencia de los Poderes Públicos, la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el establecimiento de un canal humanitario para mitigar el hambre de millones de ciudadanos, mientras se le da impulso a la economía nacional; el desarme de los paramilitares y lucha contra la inseguridad de las personas y los bienes; un cronograma electoral que permita realizar elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.
En síntesis, los resultados de la consulta al soberano indican el camino para consolidar la democracia, mediante el rescate de la Constitución Nacional, la paz entre los venezolanos y el establecimiento una sociedad y un gobierno civilizado.
