Astrid Liscano de Raad
Ante toda esta serie de situaciones tan difíciles que vive el país, mucha gente cuestiona el Estado de Derecho.
Sobre el Estado de Derecho de una manera muy sencilla, lo definimos como un Estado que se rige fundamentalmente por normas jurídicas, las cuales estructuran a ese Estado y dichas normas deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de la ciudadanía.
El llamado Estado de Derecho puede tener a su vez internamente miles de leyes, códigos, decretos, ordenanzas y resoluciones, que le dan a su vez la estructura jurídica fundamental para que se desarrolle ese Estado, pero por encima de ellas existe una norma principal que es la norma constitucional, de allí que ese Estado de Derecho es también llamado Estado Constitucional, pues su fundamento se encuentra en una ley de leyes, que tiene supremacía sobre las demás y ésta es la Constitución.
Por ser la principal ley de un Estado, esta norma no nace por capricho de un grupo, ni tampoco por imposición, ni puede dejar de cumplirse, es imperativa y obligatoria para todos. La actual fue aprobada en 1999 y nació del poder Constituyente. Fue elaborada por aquella Asamblea Nacional Constituyente, que la ciudadanía eligió para tal fin, habiendo escogido a los miembros para conformarla por medio del sistema más democrático del mundo como lo es el voto y luego finalmente fue aprobada a través del mismo voto, siendo este hecho social y político el más democrático que se conoce en todas las sociedades civilizadas, para elegir y decidir cualquier situación.
Un Estado de Derecho debe velar por el bien común de todos sus ciudadanos, de no ser así toda esa normativa que contiene sería letra muerta, aunque tengan esas normas en su contenido los más hermosos enunciados.
El gobierno, por otra parte es el que debe dirigir y colaborar con el Estado de Derecho, para cumplir los fines constitucionales que lo sustentan, pero el gobierno no es el Estado. El gobierno, si fue electo constitucionalmente, es el llamado de iure y si no ha sido electo con base a la constitución y a las leyes entonces se denomina de facto, de hecho y no de derecho.
Ahora, ¿qué ocurre cuando comienza a perderse el control social y la normativa que sustenta al estado empieza a fallar y se desencadena, como consecuencia un desorden social? Hace muchísimos años, el padre de la sociología, Emilio Durkheim (1858-1917), en su libro El Suicidio, introdujo el término “anomia” y lo definió como «el estado de desarreglo que afecta a un grupo de personas sumido en una transformación brusca”.
Esto ocurre cuando según el autor, sucede un hecho negativo sorpresivo como un desastre económico, que cambia por completo el modo de vida de las personas, o por el contrario si ocurre un hecho brusco en positivo, que igualmente va a generar un cambio en los patrones de vida.
En ambos casos sucede una ruptura del equilibrio del orden social, por lo que los miembros del grupo social bruscamente se encuentran desadaptados frente a la nueva situación que deben confrontar. Anomia, proviene del griego y traduce, ausencia de leyes, anarquía, desorden.
Esas conductas que llegan a desequilibrar el orden aparecen como consecuencia de uno o de varios hechos bruscos, que no surgen por una situación imaginaria o impuesta. La pueden desencadenar los palpables problemas económicos, sociales, políticos y de inseguridad, resquebrajando esquemas conductuales que de cierta forma habían sido más o menos uniformes, ante los cuales la gente pierde el rumbo y no sabe qué hacer; pero a su vez esa misma situación de desequilibrio latente pone en sobreaviso a la conciencia colectiva, la cual hará entonces todo lo posible por reavivar los sentimientos positivos comunes que unen a sus miembros, para hacer surgir desde el caos las posibles soluciones positivas, buscando ante todo el bien común dentro del mismo Estado de Derecho y conforme a las leyes que lo sustentan.
