Entre el paro y la huelga, la agenda venezolana de protestas demanda la reflexión de todos los ciudadanos. La tarde del pasado lunes, Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), convocó a paro cívico nacional para mañana jueves, 20 de julio, por lo que la actividad, que exige la participación cívica de todos los actores de la sociedad, ha sido tema de debate en las últimas horas. En consecuencia los sectores en el país consultan entre sus miembros y evalúan las posibles derivaciones del llamado.
Al respecto, Marcela Máspero, presidenta de la Federación de Trabajadores de la Industria Químico Farmacéutica (Fetrameco) y coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), sostuvo que apoyan la convocatoria realizada por la AN. Sin embargo, se trata de una figura distinta a la huelga nacional, propuesta por el movimiento de trabajadores.
Aún no se conoce fecha de la huelga, pero el límite para anunciarla será el próximo viernes en la noche, en uso del derecho otorgado por la jurisprudencia internacional a través del convenio 87º de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el contenido constitucional venezolano, artículos 97, 333 y 350.
Detalló que el paro es la interrupción de actividades, por lo que la petición de la AN comprende un esfuerzo por parte de los ciudadanos de paralizarse de manera individual para aportar y cumplir este día con la agenda reciente aprobada por factores de la oposición.
La huelga general, en cambio, es una herramienta de los trabajadores a fin de exigir que se restablezcan los derechos establecidos en la Constitución y en la ley.
Al respecto, José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), informó que tras consulta nacional, regional y sectorial han decidido incorporarse al llamado a paro.
Por su parte, Héctor Contreras, vocero para Lara de la CTV, expresó que los sindicatos de Lara y la región se encuentran en reunión permanentemente para sumarse en liderazgo colectivo y como la suma de todos los criterios al paro cívico de este jueves y al próximo llamado a huelga general.
Recordó que a escala nacional las industrias laboran al 27 % de su capacidad operativa y la actividad en el campo se encuentra en un paro técnico. El sector transporte además, labora sólo con el 35 % de su flota vehicular.
Ante la falta de respuesta a estas carencias denunciadas a los entes competentes, se adhieren al paro, que se corresponde con la paralización técnica en la cual el mismo Estado ha colocado a los sectores productivo.
Manifestó que cuando un ciudadano se mantiene por varias horas en una cola, para la adquisición de alimentos, medicinas o un trámite legal para emigrar del país, la nación también deja de producir.
Carlos Marco, representante de la CTV por el gremio de la construcción y el transporte, instó a participar en el paro a propósito de rechazar “la política de esclavitud” impuesta por el Gobierno nacional, ya que a través de sus decisiones “ha hecho que los trabajadores cumplan con las jornadas de trabajo por el pago de un bono de alimentación, tal y como lo hacían los esclavos por una ficha para obtener comida”. Rechazó la política dilapidadora de recursos públicos, los cuales pudieron ser invertidos en la seguridad social y calidad de vida de los venezolanos.
Trámites para la huelga
Máspero, quien también es coordinadora del movimiento de trabajadores de Voluntad Popular, explicó que la OIT fue notificada el 12 de julio sobre la intención de llamado a huelga general.
En consecuencia el Gobierno venezolano fue informado el jueves 13 al respecto, razón por la cual no introdujeron el pliego conflictivo ante el Ministerio del Trabajo; la instancia ya fue agotada.
Asimismo, manifestó que se dirigieron a la Fiscalía del Ministerio Público, el pasado sábado 15 de julio, a propósito de presentar una denuncia respecto a las amenazas de patronos públicos con relación a la participación de los trabajadores en la consulta popular del domingo 16 del mes.
También preparan un nuevo recurso y así una acusación penal, contra funcionarios que amedrentan a los trabajadores para participar en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Sobre el proyecto de ley expuesto por los sindicatos a la AN, a fin de solicitar protección a quienes acudan a la huelga, la gremialista apuntó que el parlamento debió dar una respuesta “más acelerada” luego de los resultados de la consulta popular.
La agenda de la AN se concentra en la designación de los magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Al consultarle si aún sin la aprobación del proyecto de ley continuarán con el llamado a huelga, respondió que “la huelga nacional va con o sin MUD, con o sin ley, porque es el único mecanismo que produce un quiebre en el estamento militar y pone la guinda en la torta para lo que pedimos los venezolanos”. Esperan pronta respuesta de la AN sobre la Ley de Defensa de la Constitución por los Sectores Sociales, entregada el pasado sábado a Guevara, la cual contempla elementos fundamentales para actuar en la restitución del hilo constitucional.
Siguen las amenazas
Respecto a las amenazas que han recibido los trabajadores, en caso de sumarse al llamado a paro, manifestó que la paralización del transporte compone un escenario que escapa de las manos de los trabajadores. Sin embargo, acotó que con el llamado a paro no existe protección específica, a diferencia de la convocatoria a huelga.
A esto sumó que la convocatoria a paro nacional cívico activo, representa la toma de una decisión y el reconocimiento de sus riesgos. “De lo único que estamos seguros los trabajadores es que estamos en rebelión y la vamos a ejercer”, comentó.
Construcción se suma
Pedro Peña, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suticel), manifestó que en Lara las actividades del sector se encuentran paralizadas 90 %, motivado a la falta de insumos como cemento, acería y otros, que los distribuyen empresa bajo la administración pública, las cuales en la práctica también están paralizadas.
Indicó que el sector contaba con el segundo mejor contrato colectivo del país. No obstante, dicho beneficio lo han perdido por el errado manejo de las políticas económicas.
A esto sumó que ni siquiera a través del programa Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) los venezolanos gozan de esta garantía fundamental.
En este sentido, se adherirán al paro y posterior llamado a la huelga, como un derecho. Niegan que las razones sean políticas. Por el contrario, refieren que su participación se debe la crisis que atraviesa el sector.
Se unen trabajadores locales, regionales y nacionales
Trabajadores dependientes de la Gobernación de Lara y la Alcaldía de Iribarren se sumarán al llamado a paro. Así lo afirmaron Víctor Granda, secretario del Sindicato de Empleados Públicos del ejecutivo regional, y Alba Torrealba, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativo del Ejecutivo municipal.
Si bien ninguna de las partes ha sostenido reuniones con sus patronos, mantienen que se unirán al paro como una muestra de rechazo a las erradas políticas económicas nacionales que propician la inflación, en especial los decretos de aumento salarial, recursos que envían a destiempo e insuficientemente.
Lamentan que en sus sectores se haya perdido la funcionalidad de los tabuladores, que reconoce los niveles de estudio, carrera y grado de responsabilidad.
Teófilo Véliz, miembro del Sindicato de Obreros de Institutos Educacionales, el cual agremia a trabajadores dependientes del Gobierno regional y el Ministerio de Educación, manifestó que el sector se sumará al llamado porque comprende que se trata de una lucha que se debe hacer en conjunto.
Señaló que la directora de la Zona Educativa de Lara, Mirna Víez los han amenazado de despido, en caso de no participar en la elecciones de constituyentistas el 30 de julio, amedrentamiento que rechazan. En este sentido, indicó que no habrá amenaza que los detenga, puesto que rechazan la intimidación laboral, “venga de donde venga”.
Por su parte, Saúl Páez, miembro de la Federación de Colegios de Profesiones, formuló un llamado a acatar el paro cívico de manera activa, puesto que el país se encuentra en un proceso de rebelión en defensa de la democracia en el país.
Repudió toda acción de violencia y chantaje en las instituciones de educación, así como la imposición ejercida a funcionarios públicos para participar en la Asamblea Nacional Constituyente.
Estaciones de servicios estará alerta
Azalia Colmenárez, representante del Sindicato de Trabajadores de las Bombas de Gasolina en Lara, señaló que existen pocas posibilidades de que las estaciones de servicio, dependientes del Estado administrador de la industria petrolera, se sumen al paro cívico.
Sin embargo, expresó que en Lara el sector se encuentra en una semiparalización técnica, puesto que sólo laboran alternadamente el 50 % de los expendios de gasolina. Eso motivado a las fallas en la distribución de combustible, que impiden desde hace varios meses que haya un abastecimiento pleno de gasolina.
“Pareciera entonces que el Gobierno apoya el paro”, comentó Colmenárez, quien explicó que los trabajadores que no puedan presentarse en sus puestos de trabajo por cierre de vías o paro de transporte, deberán igualmente recibir el pago de su salario diario.
Cierres en la zona industrial
En representación de los trabajadores de las zonas industriales de Barquisimeto y como presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación en Lara (Sitralim), Frank Piña indicó que diez sindicatos y trabajadores de treinta compañías que hacen vida en la zona han acordado participar en la actividad del 20 de julio. Esto incluye empleados públicos y privados, como parte del compromiso con el país, por el rescate del hilo constitucional.
Expresó que en los últimos plantones, el movimiento de trabajadores de la zona industrial ha acatado y cumplido los horarios establecidos en las convocatorias y que en esta oportunidad será decisión de los mismos y la ciudadanía si cerrar las arterías viales o no.
Subrayó que ya hay planteamientos de obstruir los accesos desde las 12:00 de la noche del citado día.
El llamado es a no exponerse ni generar enfrentamientos en caso de poner en práctica actividades de protesta como los plantones y trancazos.
