Como una sirvengüenzura calificó el concejal Joel Mendoza el receso parlamentario aprobado por los ediles oficialistas la semana pasada y que se inició el día de ayer.
Destacó que si bien el receso está contemplado en el Reglamento Interior y de Debate el mismo no se justifica en vista de la incapacidad que ha tenido el cabildo iribarrense para concretar ordenanzas.
Apuntó que mientras los concejales de la bancada oficialista se dedican a hacer gestiones para la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, unas 30 ordenanzas están engavetadas, “durmiendo el sueño de los justos”.
Apenas una sesión se ha realizado este mes, informó el edil de la Mesa de la Unidad Democrática.
“Aprobaron un receso porque ‘ellos están muy cansados’. El reglamento establece un receso de 30 días divididos en 15 días a final de año y 15 días a mediados de año pero eso se da así cuando un parlamento municipal se ha dedicado a un trabajo legislativo, aprobado o reformado ordenanzas y discutidos temas vitales para el municipio. Hasta ahora, no hay nada de eso”.
Mendoza expresó que en esta gestión de la presidenta de la Cámara Municipal de Iribarren, Teresa Linárez, tampoco se ha discutido ninguna ordenanza, tal y como pasó durante la gestión de Alejandro Natera y José Luis Ramos.
“Alejandro Natera es el presidente de la Comisión de Legislación pero él solo se dedica a gritar, hacer denuncias políticas y protagonizar debates estériles. Ese receso parlamentario es la mayor sinvergüenzura, el mes pasado apenas sesionamos una vez, además que se trata de sesiones que se convocan a las 9:00 de la mañana pero inician a las 12:00 del día”.
La última sesión se dio porque se debía aprobar un crédito adicional para el pago de los trabajadores. Fue en esa sesión que los ediles oficialistas aprobaron el receso parlamentario, evidentemente, la bancada opositora salvó su voto.
“Descaradamente expresaron que se dedicarían a la campaña de la Constituyente. Así el receso este en el reglamento no debería haber porque la cámara no ha hecho el trabajo que corresponde”.
Mencionó que desde que se instaló esta gestión unas 30 ordenanzas permanecen engavetadas.
“La ordenanza del PDUL, que es vital para la ciudad, apenas requiere la reforma de solo uno de sus artículos y eso no ha sido posible. Los concejales bolivarianos y quienes han sido sus presidentes están aplazados ante el pueblo porque ninguno ha presentado en sus informes de memoria y cuenta la aprobación de alguna ordenanza”. Al cabildo le resta lo que queda del resto del año para discutir o aprobar ordenanzas.
“No hay ninguna justificación porque tiempo ha habido. Ellos dicen que no hay papel, tinta, recursos, pero sí hay materiales para otras cosas. Lo que no hay es voluntad política. Ellos no trabajan para la ciudad, en ese espacio solo buscan que el partido de gobierno se mantenga en el poder”.
Una ordenanza, según el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, son los actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local.
Las ordenanzas recibirán por lo menos dos discusiones y en días diferentes, deberán ser promulgadas por el alcalde y ser publicadas en la Gaceta Municipal o Distrital, según el caso, y prever, de conformidad con la ley o si lo ameritare la naturaleza de su objeto, la vacatio legis a partir de su publicación.
