La brutalidad es ilimitada por parte de la Guardia Nacional que, acompañada por los colectivos, cuando arremete contra las personas por el solo hecho de protestar públicamente en sus zonas residenciales contra el régimen que ha sumido en la misería a la población.
Al formular la denuncia el profesor Armando Prado, coordinador regional del Partido Izquierda Democrática, indicó que no obstante haber sido realizada la consulta soberana el domingo, en la cual se demostró claramente el rechzado que tiene la Constituyente propuesta por Maduro, el régimen continúa perpetrando todos los delitos contra los manifestantes, ya que no sólo los reprime salvajemente, sino que también sigue ocasionando daños materiales al urbanismo tanto de Barquisimeto como de Cabudare.
La forma represiva de este régimen es más feroz que las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, porque si es cierto que torturaban y perseguían a quienes se les oponían, no arremetían contra sus familias, ni mucho menos contra sus vecinos.
Ahora cuando la gente de las urbanizaciones protestan, la Guardia Nacional no sólo lanzan bombas lacrimógenas, sino que disparan perdigones, metras, pedazos de cabillas y llegan al extremo de utilizar tanquetas para acabar con el urbanismo.
Muestra clara son las urbanizaciones Antonio José de Sucre, El Obelisco, La Botella, Club Hípico Las Trinitarias, Los Cardones, Valle Hondo, Santa Cecilia, L_a Hacienda, para citar las más afectadas.
Las denuncias de los vecinos son muy contunentes: los efectivos militares se han introducido a los inmuebles sin presentar orden de allanamientos y han apresado a las personas, sobre todo jóvenes y se los han llevado detenidos para someterlos a la justicia militar, con el fin de que les imputen delitos que no han cometido.
Lo único que han hecho es protestar contra el régimen, lo cual no es ningún delito porque la Constitución garantiza el derecho de expresar lo que sienta cada individuo. Lo que han protestado es porque rechazan las violaciones a la Constitución por parte del Presidente Maduro, el TSJ y otros organismos públicos.
