Animada por el voto de 7,2 millones de personas en el plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, la oposición venezolana definía este lunes su “ofensiva final” para frenar la elección de la Asamblea Constituyente y presionar por un cambio de gobierno.
“El mundo y Miraflores (palacio presidencial) deben escuchar el grito de todo un país. Lo que viene ahora es que materialicemos el mandato que nos dio la gente”, declaró este lunes Julio Borges, presidente del Parlamento.
El oficialismo cuestionó los resultados de antemano, señalando que el proceso no es vinculante y es “ilegal” por no tener aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno.
Según Borges, el plebiscito evidenció l
voluntad del país de sacar a Maduro del poder por los votos antes de que termine su gestión en enero de 2019, pues el 5 % que falta por escrutar permitiría alcanzar los 7,5 millones de votos necesarios para revocar el mandato del presidente si hubiera un referendo.
“Se evidencia una demanda de cambio político persistente a lo largo del tiempo”, dijo a la AFP el politólogo John Magdaleno, quien consideró el plebiscito “exitoso” porque fue organizado por “la ciudadanía” en poco tiempo y con solo 2.000 centros de votación frente a 14.000 en 2015.
“Sentarse a hablar”
La oposición acusa a Maduro de hundir la economía del país petrolero, con una inflación de tres dígitos, y asfixiar a la población con una severa escasez de alimentos y medicinas.
Maduro pidió el domingo dar una “oportunidad” a su iniciativa y llamó a los opositores a no volverse “locos” con los resultados del plebiscito y “sentarse a hablar”.
La Constituyente abrió una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, quien no votó en la consulta opositora pero ha llamado a evitar que Maduro consolide su proyecto, rechazado según Datanálisis por el 70 % de venezolanos.
Respaldado por los poderes electoral, judicial y militar, Maduro da por hecho que tendrá a partir de agosto una Constituyente que regirá al país como un “suprapoder” por tiempo indefinido, con facultades de hasta anular el Parlamento y la Fiscalía.
