La oposición venezolana, alentada por la participación de 7,2 millones de personas en el plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, define este lunes su ofensiva final para frenar la elección de la Asamblea Constituyente.
«El mundo y Miraflores deben escuchar el grito de todo un país (…). Lo que viene ahora es que nosotros materialicemos el mandato que nos dio la gente», declaró este lunes en una entrevista radial Julio Borges, presidente del Parlamento, controlado por la oposición.
El oficialismo cuestionó los resultados de antemano, señalando que el proceso no es vinculante y es «ilegal» por no tener aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno.
Según Borges, el 5% que faltaba por escrutar permitiría alcanzar unos 7,5 millones de votos, que según él serían suficientes para revocar el mandato de Maduro si hubiera un referéndum.
Tras el resultado, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere delinear una estrategia final para sacar a Maduro del poder, intensificando las protestas que se iniciaron casi cuatro meses atrás, con un saldo de 96 muertos.
En las últimas elecciones celebradas en Venezuela, las parlamentarias de 2015, la oposición arrasó con 7,7 millones de votos de un total de casi 20 millones de electores, quebrando una hegemonía chavista de 17 años.
«Se evidencia una demanda de cambio político persistente a lo largo del tiempo», dijo a la AFP el politólogo John Magdaleno, quien consideró que el plebiscito fue exitoso porque fue organizado por «la ciudadanía» en poco tiempo y con solo 2.000 centros de votación frente a 14.000 en 2015.
Hoja de ruta
El dirigente chavista Jorge Rodríguez anunció que este lunes presentará videos de supuestas votaciones fraudulentas y criticó que la oposición decidiera quemar los registros de su consulta simbólica con el argumento de evitar represalias contra los votantes.
En un pulso con la oposición, el gobierno también movilizó masivamente a sus seguidores el domingo en un simulacro de la elección, prevista el 30 de julio, de los 545 asambleístas de la Constituyente.
El reto de la oposición es servirse del plebiscito para masificar la protesta y «fracturar al adversario, lo que podría presionar una negociación que lleve a una oportunidad pacífica de cambio», según el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, que estima en 70% el rechazo al proyecto de Maduro.
A su vez, el desafío del gobierno es evitar una baja participación en la elección de la Constituyente, porque de lo contrario nacería sin «legitimidad», según el analista.
La consulta del domingo contra Maduro contó con apoyo de asociaciones civiles, de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Estados Unidos y de varios gobiernos de América Latina y Europa.
El proceso tuvo como observadores a los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).
Fox, quien llamó a «votar contra la dictadura», fue declarado «persona non grata» por el gobierno. Quiroga aseguró por su parte que «la comunidad internacional debe pedir que se anule esa Constituyente golpista».
«Sentarse a hablar»
La oposición acusa a Maduro de hundir la economía del país petrolero, con una inflación de tres dígitos, y asfixiar a la población con una severa escasez de alimentos y medicinas.
El mandatario asegura que la Constituyente traerá la paz y recuperación económica, mientras que la oposición afirma que con ese proyecto Maduro pretende consolidar «una dictadura».
Maduro pidió el domingo dar una «oportunidad» a su iniciativa y llamó a los opositores a no volverse «locos» con los resultados del plebiscito y «sentarse a hablar».
La Constituyente abrió una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, quien no votó en la consulta simbólica pero sí saludó a un grupo de opositores que lo hacía cerca de la Fiscalía.
Su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, y otros disidentes sí participaron.
Maduro, respaldado por los poderes electoral, judicial y militar, da por hecho que tendrá a partir de agosto una Constituyente que regirá al país como un «suprapoder» por tiempo indefinido.
