Siempre se afirma, con razón, que en democracia lo que no es debatible no es democrático. De donde podría colegirse, por un intérprete de mala fe, que es democrático debatir, sobre todo concluir en alternativas que, fundadas en un consenso de los liderazgos y en el voto de las mayorías, lleven la democracia hacia el patíbulo, hacia el territorio de las dictaduras.
El principio, entonces, cabe ajustarlo, a saber, que es pertinente debatir sobre todo y acerca de todo, dialogar, ajustar consensos y señalar caminos que no impliquen prosternar la experiencia que hace posible el diálogo, de suyo a la misma democracia. De admitirse lo contrario sería el final de la democracia o su desfiguración.
¿A qué viene esta premisa?
Acaba de declarar el Secretario General de la ONU, António Guterres, a propósito del quiebre institucional en Venezuela y el escenario de violencia que ya suma 94 víctimas mortales por la represión sistemática de la dictadura de Nicolás Maduro, que “es urgente una concertación nacional entre gobierno y oposición con dos grandes objetivos: erradicar la violencia, los abusos, el fanatismo”, y al efecto “preservar un camino constitucional concertado”.
Habla, al efecto, de “un acuerdo político entre gobierno y oposición”, pero el desiderátum es claro, preciso y dicho sin ambages por el máximo representante de Naciones Unidas: “Preservar un camino constitucional concertado”.
De modo que, puestas en paralelo las dos iniciativas en marcha, la de una asamblea constituyente espuria y hecha a la medida del dictador, que lo salve de cualquier pronunciamiento de la soberanía popular, y la de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, a objeto de que opine sobre la anterior, es evidente que Guterres no se refiere a la primera; que no la cita expresamente, pues como veterano diplomático prefiere mantener la cuerda sin mucha tensión hasta lograr su objetivo: que el gobierno negocie con la oposición su salida constitucional antes de que la vorágine se trague a la nación.
No se trata de un análisis parcial – admitiendo la parcialidad democrática de quien escribe esta crónica – pues, es evidente que el gobierno de Maduro pretende fracturar a la soberanía popular, dividirla en sectores a imagen de su partido y con la participación de sus militantes, modelar las jurisdicciones y representaciones electorales para escapar del voto universal, directo y secreto que lo castigaría y es inherente como propio de toda democracia que se respete. Antes bien, la consulta popular a la que ha invitado la Asamblea Nacional al pueblo, para que opine – llámesele plebiscito, encuesta, o como quiera denominársele según lo señala con demoledor argumento Leonardo Padrón – es un ejercicio abierto de libre expresión democrática; vinculante o no, no es lo planteado. Se trata de que el pueblo, mediante una manifestación clara y sin cortapisas, opine a favor o en contra de su arrastre, como res que va al matadero, hacia el narco-totalitarismo que promete la constituyente constitucionalmente prostituida.
Y si acaso a los leguleyos les preocupa todavía el debate sobre la cuestión, les bastará leer, sin más y sin mayores devaneos, cuando reza al respecto en la Constitución, en lo particular su artículos 5, que fija la residencia de la soberanía en el pueblo, no en el Palacio de Miraflores; su artículo 70, que cita a la consulta popular como medio de participación democrática del pueblo; en fin, el artículo 187, 4, que le da competencia a la Asamblea Nacional para organizar – ella misma, no otro poder del Estado – y promover “la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”.
“La salida – lo señala el Secretario de la ONU en línea coincidente con el Vaticano – es el acuerdo, con elecciones – léase devolviéndosele a la soberanía popular sus poderes y fuerza decisoria; respeto a los derechos fundamentales – en otras palabras el cese de la represión de Estado que casi alcanza al centenar de asesinados por militares y paramilitares al servicio de la narcodictadura; y el igual respeto a los poderes constitucionales, en suma, restituirle sus competencias a los poderes que han sido castrados en su autoridad y competencias: el parlamento y el Ministerio Público.
Fracasado el diálogo engañoso y criminal manipulado por el vocero del gobierno dictatorial, José Luis Rodríguez Zapatero, quien diera lugar a la masacre que inunda de sangre inocente a Venezuela toda y cerrara las puertas a la vía constitucional prevista para resolver crisis como la presente – el referéndum revocatorio de mandatos – el desafío es restituir la vía constitucional; y si es ella, vale su negociación, pero para purgar del escenario a quienes la han desviado y con ello enterrado, por lo pronto, al Estado de Derecho y la democracia.
La justicia transicional luego dirá cómo habrán de establecerse las responsabilidades del conflicto que deja como saldo casi una centena de muertos, y heridos y presos políticos por miles. Zapatero y los suyos, cuando menos, habrán de pedirle perdón a los venezolanos.
