Un grupo de personalidades muy respetables, venciendo el riesgo de que los acusen de colaboradores del gobierno, han publicado un documento muy racional y explicativo acerca de por qué es necesario ponerle un valladar a la violencia, con algunos entendimientos mínimos, para impedir males peores, sin descartar una guerra civil.
Y aunque hasta hoy el autoritarismo gubernamental ha impedido encontrar una solución negociada, mediante un política de la manipulación para ganar tiempo, en la creencia de que Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos, tienen la verdad en sus manos, a pesar de haber sumido al país en una crisis económica, social, política y moral sin precedentes en nuestra historia republicana, llegará un momento en que como en Colombia y en otros países que han atravesado situaciones semejantes, necesariamente directa o indirectamente los factores de poder tendrán que negociar una solución democrática, constitucional, que garantice a todos los derechos que establece la Carta Magna: justicia y no venganza.
Sobre este tema escribí hace muy poco tiempo, que desde que Nicolás Maduro asumió el poder por voluntad de Hugo Chávez moribundo, el gobierno profundizó la violación de los Derechos Humanos, y le puso un cerrojo a todos los presos políticos, dejando claramente sentado que en Venezuela el diálogo entre el alto gobierno y la oposición, se hacía imposible, porque existe un régimen autoritario, que concentra todos los Poderes Públicos en el Ejecutivo, con la excepción de la Asamblea Nacional después del 6 de diciembre del 2015, y de la Fiscalía Nacional de la República, considera que sus políticas, a pesar de la crisis que han generado, pueden y deben ser impuestas mediante la manipulación de las leyes y de ser necesario apelando a la violencia.
En nuestro país no hemos escalado a una guerra civil, porque la mayoría de los venezolanos es democrática y busca soluciones pacíficas y constitucionales, pero existen peligrosas manifestaciones de violencia ejecutada por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares afectos al gobierno contra manifestantes pacíficos que ejercen un derecho constitucional, al pedir que se respeten los Derechos Humanos y en general la Carta Magna. Esa violencia ha cobrado cerca de 100 muertos, fundamentalmente jóvenes que buscan un mejor futuro. Sin embargo, ese estado de permanente violación de la Constitución de la República, que alarma al mundo democrático, en opinión de muchos venezolanos respetables y respetados requiere un diálogo de interés nacional, que conduzca a restablecer el Estado de Derecho.
Y aunque más de 30 ex Presidentes y Jefes de Estado del mundo democrático, e incluso varios gobernantes, han llamado a un diálogo nacional y a una negociación democrática, y han solicitado la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados, el gobierno profundiza el autoritarismo, lo que indica que todavía existe un largo trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo.
Esa distancia hay que acortarla y lograr la reconciliación de los venezolanos, para buscar una solución conjunta a los graves problemas que sufre la mayoría de la población, particularmente los más pobres. Esa es sin duda la intención de los firmantes del documento que llama a un entendimiento mínimo, para bien de todos, y que los actores principales que dirigen el país, deben analizar con el interés que exige el momento histórico que vivimos.
