A medida que se intensifican las protestas antigubernamentales en Venezuela, va en aumento el número de asesinatos que se le adjudican a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado; y la región larense no escapa de esta realidad, puesto que testigos del hecho, médicos de las víctimas y fuentes vinculadas a las investigaciones, culpan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía del estado Lara (Polilara), en 8 de los 16 crímenes relacionados al escenario de conflicto social-político que impera en el país desde hace más de tres meses.
Según información recolectada por EL IMPULSO, los ocho crímenes se perpetraron con armas de fuego. Varían los proyectiles y el tipo de armamento utilizado en los distintos casos. Metras, balas y perdigones emplearon los militares y policías para reprimir las manifestaciones, en las que terminaron sucumbiendo estos larenses.
Cinco de los homicidios en protestas –consumados por GNB o Polilara- se escenificaron en el municipio Iribarren, dos en Palavecino y uno en Morán, específicamente en El Tocuyo. En este último la occisa se llamaba Yanet Angulo Parra, de 56 años de edad, profesora jubilada y juez internacional de canotaje, quien fue alcanzada -en la región temporal izquierda por un proyectil -9mm- cuando cerraba el portón del garaje de su casa en la urbanización Villa Colonial, la cual estaba siendo asediada con gases lacrimógenos y disparos, en horas de la noche del martes 11 de julio.
Yanet y María Estefanía Rodríguez, de 46 años de edad, son las únicas mujeres en la nefasta lista de fallecimientos vinculados a protestas en Lara.
Rodríguez, cabe recordar, intentaba pasar caminando la protesta que reprimía Polilara, el 1º de junio, al norte de Barquisimeto, cuando se formó un tiroteo y recibió un impacto de bala en el pecho. El suceso fue frente a la Escuela de Policías.
También es de destacar el hecho en el que resultó ultimado José Gregorio Mendoza, de 44 años de edad, en la comunidad Los Cerrajones de Barquisimeto.
Este hombre recibió varios balazos entre la confusión y la embestida de la GNB a una multitud enardecida que saqueaba un supermercado de la zona oeste de la capital larense, entre la noche del 30 de junio y la madrugada del 1º de julio.
Asimismo, militares son los primeros señalados por familiares y allegados de Roberto Durán y Ruben Morillo, lesionados mortalmente las tardes del 28 de junio y del 1º de julio, respectivamente. Morillo cayó en la urbanización El Obelisco, mientras que Durán recibió un “metrazo” en El Malecón -calle 30 entre carreras 31 y 32-.
Prófugos de la justicia
Según fuentes fidedignas están libradas órdenes de aprehensión contra 19 guardias nacionales del estado Lara, por los casos de Gruseny Antonio “Tony” Canelón, de 32 años de edad; Eyker Rojas, de 20 años de edad; y Manuel Sosa, de 32.
Por el homicidio de Canelón están solicitados 14 castrenses por el Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de Barquisimeto, desde el 18 de abril del año en curso.
Cabe recordar que Tony fue herido de gravedad por la descarga a quemarropa de una escopeta de perdigones -en el hemitórax izquierdo-, la noche del 11 de abril, tras ser detenido por protestar contra el Gobierno nacional en la avenida Ribereña, municipio Palavecino del estado Lara. Falleció la madrugada de un Jueves Santo -13 de abril- en el Hospital Central Antonio María Pineda (Hcuamp), puesto que el disparo dañó un pulmón, destrozó su colon y afectó otros órganos.
Son cuatro los agentes con orden de aprehensión a nivel nacional por el asesinato de Eyker Daniel Rojas Gil. Este muchacho recibió el disparo -en el rostro- de un fusil militar cuando protestaba, la noche del 26 de abril, en cercanías la carrera 15 con calle 61. El militar que accionó su arma de fuego cumplía funciones de resguardo de la sede del Gran Polo Patriótico al oeste de Barquisimeto.
Por su parte, a Sosa le dispararon en la región infraclavicular derecha -con salida en la escapular derecha, mientras se enfrentaban civiles y GNB en Valle Hondo, el pasado 25 de mayo. La Fiscalía habría señalado al primer teniente Johnnuar José Pastor Arenas Castillo, de 30 años de edad, adscrito en el Destacamento militar 123, en Palavecino.
Todos estos casos están en manos de Carlos Muñoz, fiscal 21 del Ministerio Público, con competencia en Derechos Fundamentales.
