Desde el 21 de junio, más de 20 personas, entre mujeres, hombres y niños, ocupan un terreno de propiedad privada situado en el callejón Amaya entre avenida Libertador y calle Juan de Dios Ponte, en el centro de Cabudare.
Pese a que los propietarios han denunciado la ocupación ilegal ante la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente, el Síndico Municipal y el Destacamento 123 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) las autoridades no han ejercido las acciones correspondientes.
La compañía por la porción de 7.000 metros, detalló uno de los accionistas de la empresa dueña del terreno, Enrique García, está solvente ante el municipio Palavecino y tiene permiso de construcción emitido en marzo de este año para un proyecto de local comercial, zona residencial y de servicios. Los trabajos comenzaron en el lado de la avenida Libertador, pero por la conflictividad en el país y los constantes cierres de vías en el municipio Palavecino, el avance de la obra no ha sido el deseado. De modo que, dijo García, no se trata de un terreno baldío ni con permisos vencidos.
Los ocupantes ilegales han instalado unos cinco ranchos y deforestaron el lindero este, donde está la quebrada Tabure, hecho que agrava la ocupación ilegal, según puntualizó García: “La quebrada Tabure es muy importante. Viene el agua corriendo desde Terepaima y va por todo Cabudare y esta quebrada por normativa del Ministerio del Ambiente tiene un retiro de 25 metros que no se puede tocar, porque hay que protegerla”.
n consecuencia, los invasores cometen aparte del delito de violación a la propiedad privada, establecido en la Ley de Tierras Urbanas, uno de tipo ambiental que también puede ser castigado penalmente, señaló el empresario.
Adicionalmente, los habitantes de la zona firmaron un documento donde rechazan la estadía de los invasores.
Expuesto el problema, García pide a las autoridades tanto del Ministerio del Ambiente como al alcalde de Palavecino, José Barreras: “actúen y hagan cumplir las leyes”. Hasta ahora, solo se han presentado en el sitio funcionarios de la GNB, pero alegan que no pueden actuar por la presencia de menores de edad entre los ocupantes.
