Como parte de la gira por el país emprendida por gremialistas que impulsan el llamado a Hora 0, Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y del movimiento de trabajadores de Voluntad Popular (VP), visitó Barquisimeto a propósito de compartir con el gremio y debatir sobre “el Golpe de Estado planteado y el fraude constituyente”.
El 9 de mayo hubo un encuentro nacional de trabajadores, en el cual el sector se pronunció sobre el malestar social y “el fraude constituyente”, cuyo único propósito es “eternizar en el poder a una casta burocrática, un narcorégimen de corte dictatorial y fascista”.
En este sentido, tomaron la decisión de activarse en la calle y no sólo respaldar la posición “valiente” de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al declarar la ruptura del hilo constitucional luego de las sentencias 155 y 156 del TSJ. También han trabajado en la organización y concreción de una huelga nacional, cuya fecha de activación aún se desconoce.
Se espera que el Comité de Huelga, también integrado por Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros en Venezuela; Aldo Torres, representante sindical del sector eléctrico; Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical Nacional; y Felipe García, tesorero nacional de la Federación de Trabajadores de la Construcción (Fetraconstrucción) entre otros dirigentes sindicales del país, tome la decisión conjunta y la haga pública en los próximos días.
La iniciativa es apoyada por las centrales sindicales Unete, Confederación General de Trabajadores (CGT) y Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Condesa), además de las bases mayoritarias de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), cuya dirección aún evalua si sumarse o no.
En opinión de Máspero, se trata de un llamado a la huelga, derecho establecido en el artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un ejercicio legal y ciudadano motivado por la declaratoria de los artículos 333 y 350 de la misma Carta Magna, referidos al deber de defender la República y el derecho de desconocer al régimen en caso de que violente los principios democráticos.
Cumplen procesos en el país
Está planteado presentar un pliego al respecto ante el Ministerio del Trabajo, el cual permita proteger a los trabajadores.
La Ley Orgánica del Trabajo vigente, la cual refiere la dirigente, que “violó los derechos colectivos a los trabajadores, contempla que el ministerio tiene potestad sobre la celebración de huelga. No obstante, según el uso y costumbre, su notificación otorga el derecho.
Igualmente, plantean entregar a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Defensa de la Constitución, el cual comprende, entre tantos aspectos, que todo trabajador que en el ejercicio de los artículos constitucionales 70, 333 y 350 (u otra actividad legal para la exigencia de la restitución del hilo Constitucional), sea protegido en caso de ser despedido, desmejorado o atropellado. Piden que de ocurrir, se restituyan sus derechos.
El texto también plantea que la determinación oficial de zonas de seguridad o especiales ya no represente la vulneración de los derechos de los civiles establecidos en la Constitución. Exigen que dichos espacios se liberen.
Recordó que recientemente fue despedido el directivo sindical de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Leonel Griset, quien ni siquiera fue llevado a inspectoría. El caso fue denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el ciudadano fue restituido, lo cual aseveró “es una gran victoria en Guayana, la cual alienta a otros trabajadores a sumarse, sin ningún tipo de temor a la activación del 333 y 350”.
Además solicitan que se otorgue inamovilidad especial por dos años a los trabajadores tercerizados, a fin de protegerlo, ya que están sometidos a la discrecionalidad del Ministerio del Trabajo.
Para sectores puntuales como el transporte piden que haya garantías de indemnización y reparación de sus unidades de trabajo en caso de que estas sufran daño con motivo del ejercicio de los artículos 33 y 350 de la Constitución.
El proyecto de ley igualmente expresa que jueces, fiscales y demás funcionarios públicos que actúen apegados a la ley y sean sancionados, se les restablezcan sus derechos.
Notificación internacional
CGT y Unete consignaron un documento ante la OIT, basado en la Comisión de Encuesta solicitada con motivo de los acontecimientos ocurridos en Polonia en 1981.
En aquel entonces, la figura fue aprobada y formó parte de la restitución de la democracia en el país.
Le exigen entonces a la OIT se pronuncie urgentemente sobre el caso: Venezuela.
Igualmente, han notificado a escala nacional e internacional que en lo próximo se celebrará una huelga.
Es de recordar que la OIT goza de jurisprudencia amplia, sumado a que la Comisión de Expertos de la organización ha señalado que una huelga general por condiciones de carácter social, económico y político es legal y ajustada al convenio N° 87, también suscrito por el Venezuela.
Aunque OIT aún no ha dado respuesta, Máspero explica que las organizaciones sindicales cuentan con papeles sellados que demuestran la notificación.
