Rita Elena Áñez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Francesco Leone Durante, rector de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Juan Pedro Pereira, rector de la Universidad Yacambú, Damián López, presidente del Colegio de Ingenieros, Elías Mubayed, presidente del Colegio de Médicos, y José Luis Machado, presidente del Colegio de Abogados, en representación de las universidades y colegios profesionales del estado Lara, se constituyeron ayer en garantes regionales del proceso de consulta popular que se llevará a cabo el próximo 16 de julio en toda Venezuela y otras urbes del mundo, con el fin que cuente con las garantías y transparencia que requiere este proceso de consulta “que marcará la historia de Venezuela”.
“Nosotros como académicos y profesionales damos como aval que los resultados que se obtendrán serán producto de la manifestación de voluntad de cada uno de los larenses que van a acudir en este proceso de consulta popular para este domingo 16 de julio, gracias a una convocatoria válida que emitió la Asamblea Nacional, como Poder Público constituido, en concordancia con el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, señaló Áñez, vocera de los representantes.
Refirió además que esta convocatoria de trascendencia nacional está basada en el artículo 5 de la Carta Magna, el cual reza que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
En virtud de ello, es que la Asamblea Nacional como Poder Público hace el llamado para que los ciudadanos que deseen manifestarse en este medio de participación y protagonismo como lo es la consulta popular, tipificada en el artículo 70 de la Constitución, manifiesten su voluntad acerca de lo que quieren en el devenir político.
Al respecto, los académicos y profesionales de la región conformarán una comisión permanente que velará como garante que cada fase de esta consulta popular sea apegada a la Constitución, con el fin de darle confianza a la población que los resultados, sean cual sean, serán no sólo respetados por el Poder Público constituido como lo es la Asamblea Nacional, sino difundidos y defendidos nacional e internacionalmente.
