Para la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, es fundamental que la sociedad venezolana conozca los peligros que trae la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pues lejos de resolver las dificultades sociales, económicas y políticas, aniquilará la democracia y las instituciones que defiendan los derechos fundamentales.
Durante una ponencia sobre la separación de los Poderes Públicos, la funcionaria realizó un contacto telefónico, por medidas de seguridad, en el que una vez más mostró abiertamente su rechazo hacia un proceso que “incide en el debilitamiento” del sistema democrático. Subrayó que todo ciudadano está llamado a garantizar la vigencia de la Constitución del 99, considerada como el legado de Hugo Chávez.
“Pareciera que tal convocatoria es como una distracción para esconder los verdaderos problemas que tiene el país y para que la población se olvide de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo nacional en la solución de la penosa situación que estamos viviendo. Si de verdad el Ejecutivo nacional quisiera dar un paso al frente en aras de la paz y la tranquilidad de los venezolanos, debería facilitar el llamado a un referendo consultivo para preguntar a la población si desea o no esa Asamblea Nacional Constituyente”, dijo al tiempo que consideró la escasa aceptación que tiene este proceso que supone la redacción de un nuevo texto fundamental.
Ortega Díaz denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro, en compañía del Tribunal Supremo de Justicia, quiere volver al sistema inquisitivo, en el que el Juez ordenaba las pruebas y decidía sin ningún tipo de objetividad.
“El país entero ha visto la ilegalidad que encarna a los magistrados del Poder Judicial, quienes partiendo del desconocimiento de la Constitución adelantan un antejuicio de mérito en mi contra para destruir la institución que represento. Sepan ustedes que no lo voy a permitir. No voy a ceder a la defensa del Ministerio Público ni al rol como titular de la acción penal, así como tampoco permitiré la violación a la Carta Magna”, sentenció. Por su parte, el ex magistrado Román Duque Corredor, explicó que por la coyuntura actual, la oposición venezolana bajo la Asamblea Nacional debe actuar conforme a la legalidad democrática, dado que la formal fue violentada por los poderes que maneja el oficialismo.
“El pueblo tiene derecho a reaccionar frente al irrespeto de los Poderes, y lo hace bajo el artículo 333 y 350 constitucional. El primero hace un llamado al restablecimiento del orden democrático y el segundo al desconocimiento de las autoridades o legislaciones que menoscaben los derechos”, expuso.
De igual manera, apuntó que la Carta Magna, en su artículo 187 #4, le permite al Legislativo la organización y promoción de la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, por lo que de esta forma se puede desconocer la violación a la legalidad formal que llevan a cabo la mayoría de los Poderes Públicos.
Recomendó a la oposición reflexionar en cuanto a las preguntas formuladas para la consulta del 16 de julio. Considera que debe ser: ¿está usted de acuerdo con una ANC que redacte una nueva Carta Magna?
