Tres tanquetas, dos convoyes, unos 10 integrantes de la Brigada de Motorizados y más de 30 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a pie fueron enviados a la urbanización Antonio José de Sucre, ayer en la tarde mientras llovía y cuando la avenida Libertador estaba desprovista de barricadas.
Personas que salieron hasta la avenida cuando escucharon las sirenas de los vehículos blindados vieron como, en torno a las 3.00 de la tarde, se bajaron varios castrenses de uno de los convoyes, entraron a las áreas comunes de las torres de la Sucre y lanzaron piedras contra las ventanas de los apartamentos de los primeros pisos, protegidas con trozos de cartón y colchones desde que los organismos de seguridad comenzaron a concentrar las acometidas en esa zona de la capital larense.
Mientras una tanqueta estaba estacionada en la calle 37 al lado de unos 20 funcionarios agrupados en la esquina, frente a los edificios aparcaron otros dos blindados. Desde la entrada de los edificios como trinchera varios muchachos de la resistencia de ese sector lanzaban piedras y bombas molotov hacia las tanquetas. Por momentos, salían hacia la avenida uno o tres jóvenes con o sin escudos para lanzar botellas encendidas. En dos horas acertaron por lo menos en cuatro ocasiones al estallar las molotov en la cabecera y el parabrisas de las tanquetas.
“Vente, pues, vente”, azuzaba una voz masculina por el altavoz del blindado. El funcionario que la manejaba se asomaba por la puerta y mirando a los jóvenes hacía con la mano ademán de invitación a acercarse a la avenida, donde estaba estacionado. Por cada bomba molotov que golpeaba la tanqueta desde el parlante la misma voz soltaba frases en tono de burla por el insignificante daño causado por fuego a la máquina.
Además de las palabras retadoras, desde las tanquetas arrojaban lacrimógenas y repetidas veces ponían en marcha uno de los vehículos militares en dirección a la calle 33, donde estaba un grupo de protestantes.
En una de las embestidas el funcionario conductor de la tanqueta cruzó en la calle trasera de los edificios, llegó hasta la esquina y derribó, sin más, parte de la cerca perimetral trasera de las torres. Desde los apartamentos los inquilinos gritaban insultos contra los funcionarios por los daños causados y a la salida del vehículo los jóvenes encapuchados mancharon con pintura rosada el blindado blanco.
Cuando habían transcurrido dos horas de represión, salieron a recorrer la urbanización y la avenida Libertador un grupo de castrenses en moto. En el recorrido, detuvieron a dos jóvenes, uno de los cuales tiene 16 años.
Todo sucedió sin ningún organismo de seguridad auxiliar designado para evitar la circulación de los carros.
Cierre en El Cardenalito
Ayer en la tarde, bloquearon con palos y pipas varias calles en El Cardenalito. Hasta las 05.00 de la tarde, no había alteración, sí presencia de funcionarios del grupo de ciclistas de Polilara controlando el tráfico desde la avenida Los Leones.
27 personas detenidas
De las 45 personas aprehendidas este 4 de julio, durante el Trancazo Nacional de seis horas –según registro de la ONG Funpaz- hasta ayer 27 estaban a disposición del Ministerio Público. El resto fue liberado el mismo martes sin cargos.
Entre los que permanecen detenidos se cuenta al presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Yacambú, Néstor Graterol, a quien arrestó la GNB cuando esperaba transporte cerca de una panadería de la urbanización La Mora, en Cabudare, municipio Palavecino. El hecho lo calificó el coordinador de Funpaz, Andrés Colmenárez, como una detención arbitraria y selectiva, puesto que Graterol no participaba en protesta cuando lo abordó la guardia.
Esta es la segunda vez en tres meses de manifestaciones que este joven universitario es capturado por un organismo de seguridad. La primera vez fue en abril, en El Cardenalito. Lo liberaron casi un mes después con medida de presentación periódica y prohibición de participar en protestas.
Entre las 45 detenciones Funpaz tomó los datos de seis menores de edad. Cinco están libres y uno de 17 años permanece en el Destacamento 121 de la GNB.
Este adolescente, según denunció la familia a la asociación civil Movimiento Vinotinto, está amarrado mientras cumple el lapso de detención preventiva antes de la audiencia. Por esta razón, Movimiento Vinotinto presentará una denuncia ante la fiscalía 21 con competencia en derechos fundamentales, pues, explicó el representante de la organización, Manuel Virgüez, “constituye un delito de tratos inhumanos y degradante”.
Incoherencia de competencias
Policías estadales fueron los represores durante más de cinco horas, este martes, en El Cardenalito y Los Cardones. Esta particularidad “lo que demuestra es que los organismos dirigidos por la GNB tienen como norma los tratos crueles y de violación de derechos humanos. Desde que intervinieron la policía han demostrado de qué son capaces los funcionarios”, puso de relieve Colmenárez.
Las órdenes, agregó el activista de derechos humanos, las dio el comandante saliente de la Zodi Lara José Rafael Torrealba y no el general de brigada Rafael Mirabal, director provisional de Polilara mientras terminan los 90 días de intervención del cuerpo policial, lo cual, dijo Colmenárez, deja en evidencia que quien lidera las operaciones de represión en Lara es un funcionario de un componente militar que no tiene nada que ver con Polilara.
