El cambio de régimen dejó de ser una simple ilusión. Es hoy una necesidad imperiosa e inaplazable, con perdón de la redundancia. Se trata de mucho más que el simple cambio de quien ejerce la función de cabeza del poder ejecutivo. Por supuesto que la salida de Maduro será el primer gran paso hacia el objetivo, pero las fuerzas democráticas tendrán que ir mucho más allá y, sin agotarse nostálgicamente en el pasado, construir la Venezuela que muchos anhelamos. Una Venezuela basada en el ejercicio activo de la Libertad responsable como República Federal Descentralizada, integrada por Estados y Municipios verdaderamente autónomos. Esto significa que dejarían de ser dependientes políticos y financieros del estado central. Todo lo contrario, la estructura central dependería de la solidez de estados y municipios. Se trata de una verdadera inversión de valores según la cual cada rama del poder público cumpliría con sus deberes y conjuntamente ejecutarían algunas tareas específicas que se adelantarían de manera concurrente.
Estas fueron algunas de las ideas básicas que tímidamente se empezaron a ejecutar en 1989 con la elección directa de gobernadores y alcaldes y después de 1990 con la normativa legal de transferencia de competencias del poder central a estados y municipios. El proceso avanzaba con firmeza en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue reforzado jurídica y administrativamente con Ramón J. Velásquez quien designó a Allan Brewer Carías como Ministro de Estado para la descentralización. Pero sufrió un grave estancamiento con retroceso en algunas áreas fundamentales bajo Caldera II. El problema mayor es que en estas cosas hay que creer profundamente. Por supuesto que ni Chávez y mucho menos lo que ha venido después de su extraña muerte, han compartido este esquema que traslada buena parte del poder a estados y municipios, especialmente a estos últimos, auténticos representantes del pueblo.
Avanzando sobre el tema, pueden abordarse otras áreas como la regionalización de la administración de Justicia incluido el ministerio público, defensorías y contralorías, impuestos locales al consumo y a las ventas, mientras que el impuesto sobre la renta continuaría siendo la gran fuente de ingresos del poder nacional.
El poder central continuaría teniendo funciones específicas, de manera exclusiva y excluyente en algunos casos, en materia de educación, salud, petróleo y minería, política exterior y defensa nacional. Suficiente para lucirse sin pretextos y con suficientes recursos aportados desde el interior.
No es lo único. Hay bastante material sobre estos y otros temas vinculados a la existencia de un estado auténticamente federal. Existen ideas, planes, programas concretos y gente de carne y hueso con probada capacidad para llevarlos adelante. Quiero decir, que Venezuela tiene con qué y con quienes llevar adelante la enorme tarea que impone el cambio que se avecina.
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