Por tratarse de un proceso ilegítimo y fraudulento, que recoge acusaciones semejantes a “disparates”, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no acudió a la audiencia pública de antejuicio de mérito, prevista para este martes, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Aunque manifestó estar consciente de que se ejecutaría su remoción, aseguró que no convalidaría un “circo que teñirá la historia de vergüenza y dolor”. Así como tampoco reconoce la designación de Katherine Harrington como vicefiscal, dado que la Asamblea Nacional (AN) ratificó a Rafael González en tal cargo, como lo establece la Constitución.
“Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación para anular la última institución que defiende a los venezolanos. A partir de esas actuaciones del cuerpo judicial, la democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder que intentan esconder el descontento popular. La democracia y la libertad están en peligro, y este fraude es el más vergonzoso. Además, desconozco a esa vicefiscal”, dijo al tiempo que calificó de “disparate” la solicitud de enjuiciamiento que hiciera el diputado Pedro Carreño, por cuanto se corresponde a una acción de tipo penal, es decir, el Ministerio Público debió recibir el expediente de la Fiscal y con base a ello, solicitar el acto tras considerar los posibles delitos.
Indicó que a partir de esta solicitud, cualquier ciudadano podrá requerir un antejuicio contra un funcionario, “sea por droga, a los narcosobrinos o al Presidente de la República por el caso de Odebrecht. Qué fácil resulta condenar a un alto funcionario”, dijo de manera irónica.
Sus pruebas
Para sustentar su rechazo, explicó que Carreño, a quien calificó de pitoniso, la acusó de señalar ligeramente que las sentencias 155 y 156 se constituían como la ruptura del hilo constitucional, en tanto que promovía un clima de hostilidad. “Yo sí lo dije y sigo insistiendo en eso. Yo quiero recordar que una vez que denuncié que se había roto el orden democrático, se convocó al Consejo de la Defensa de la Nación y de inmediato, los que fungen como magistrados, maquillaron las sentencias. Lo que significa que yo tenía razón.
Por eso no puede constituirse esa afirmación que yo hice como una falta grave. También alega que mi actuación va en detrimento de la majestuosidad del Poder Ciudadano por atacar la decisión del Presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí lo he hecho y lo seguiré haciendo porque están violando la Constitución. Además el Presidente no es el poder soberano, solo el pueblo puede convocar a un proceso de esta magnitud”, expuso.
Aprovechó para desmentir su fomento al caos, pues a su juicio, la falta de alimentos, de medicamentos y las muertes por causa de inseguridad, son las que ocasionan que la ciudadanía se sienta desprotegida por un Gobierno que “debería ofrecer felicidad a su pueblo”. Según detalla el expediente, para el 16 de junio se había producido 86 fallecimientos en el marco de las protestas, sin embargo, Ortega Díaz alertó que la cifra se ubicaba en 73, por lo que desmintió al diputado oficialista. Admitió que hasta este 4 de julio, se han registrado 90 pérdidas humanas y 4658 procesados por lesiones, muertes y daños a la propiedad privada. Incluso, denunció que no han logrado avanzar en determinadas investigaciones dado que no se cumplen las privativas de libertad contra funcionarios o son los militares los responsables de enjuiciar a los civiles.
“Cómo quisiera que el diputado que pidió este antejuicio de mérito en mi contra, lo hubiese hecho contra los responsables de la escasez de comida, de violación a los DDHH, de las mafias de drogas o a quienes reprimen a los que defienden sus derechos. Eso es lamentable”, dijo.
Recordó que la solicitud en sí está cargada de vicios, por cuanto la acusan de desconocer el proceso de designación de magistrados que se dio el 15 de diciembre del 2015 y muestran una convocatoria para una sesión del Consejo Moral Republicano (CMR)-de fecha 10 de diciembre 2015-, en la que se iba a acordar la logística de la selección mas no el hecho. Su versión indica que dicha reunión no se efectuó y en el asiento de libro no aparece su firma ni la del Defensor del Pueblo. De igual manera, el acta destaca que únicamente se realizó una revisión exhaustiva de 381 expedientes, los cuales llegaron al CMR el 14 y salieron el 17 de diciembre.
