Los habitantes de este lugar aseguran que se encuentran en una zona de guerra desde hace tres meses aproximadamente. Continuamente son asfixiados por las bombas lacrimógenas que la Guardia Nacional utiliza para dispersar a los manifestantes y a medida que ha incrementado la represión sufren el dolor de ver a sus familiares detenidos sin ninguna justificación.
Una vecina de la zona, Thais Mendoza, relata cómo se han sentido intranquilos y atemorizados a lo largo de esta jornada de protestas. En los portones fueron colocadas unas cercas para reforzarlos e impedir que los funcionarios accedan a su urbanización; algunos de ellos han tenido que dejar sus vehículos en otras zonas para resguardarlos. Mendoza ve con asombro como todos viven encerrados y que incluso los niños dejaron de jugar en las áreas recreacionales de los bloque.
En su caso personal, tuvo que dejar su trabajo porque toda la situación que ha vivido le ocasionó un alto estado de estrés.
Otro día de represión
Los vecinos de Patarata comentan que en la tarde de este lunes una vez más los cuerpos de seguridad se acercaron a su zona a reprimir, y se llevaron consigo a ocho detenidos.
Como se informó, los aprehendidos fueron “ruleteados” por toda la ciudad y llevados a la sede de Corpolara, donde presuntamente los maltrataron. Se conoció que dos de los detenidos eran menores de edad y uno de ellos padece de diabetes y sufre problemas de insulina. Este martes en la mañana se congregaron distintas organizaciones para acompañar a los miembros de la comunidad.
La secretaria del Consejo de Estado para la Paz y la Justicia (Cepaz), Nelly Cuenca de Ramírez indicó que tienen la labor de disminuir la violencia con una estrategia que ellos llaman la Triple D, el cual consiste en documentar las violaciones con fotos y vídeos, denunciar para que la violencia disminuya y divulgar. “Quisimos convocar a los medios para que el resto de los barquisimetano oigan el testimonio directo de la propia comunidad, y de los familiares directos de cada uno de los detenidos y las víctimas a la violación de los derechos humanos”, expresó Cuenca.
“Estamos a la deriva”
Enrique Dorante, vecino de la urbanización, es padre de Bayardo Dorante, uno de los detenidos del día lunes. Dorante asegura que su hijo fue golpeado en el comando Alí Primera. Sin embargo, su mayor indignación es que la Guardia Nacional no haga absolutamente nada para reprimir a los colectivos armados que llegan a diestra y siniestra disparando a las comunidades.
“No funcionan las instituciones, estamos a la deriva. Llega un colectivo y se lleva preso a alguien y aparece luego golpeado y no hay nada que podamos hacer. Yo vi personas con los guardias que no estaban uniformadas. Nosotros solo tenemos el donde la palabra, pero ellos tienen las pistolas y el poder”. No todos los aprehendidos estaban en la protesta.
María Fernanda Torrella relata que algunos que llegaban de su trabajo se los llevaban presos. Su cuñado, Alan Salazar, igualmente salió a la avenida a comprar algo, lamentablemente, afirmó que cuando los funcionarios vieron que él estaba solo aprovecharon de llevárselo, y aunque Salazar se negó, fue ahorcado y arrastrado al camión por la fuerza.
“No entendemos cómo pueden ser considerados como terroristas un grupo de jóvenes que están en las calles reclamando un mejor país con la bandera de Venezuela en sus manos.
Una bomba lacrimógena cuesta 60 dólares, con eso el gobierno puede comprar 1.000 inhaladores para tratar el asma, producto que no hay en Venezuela, o simplemente alimentar a una familia durante un mes ¿Van a seguir gastando en represión cuando el pueblo lo que necesita son respuesta? Por eso es que estamos aquí”, expresó la doctora Deyanira Gentil.
