Tras sentencia Nº461 de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual admite el recurso de nulidad que incoara el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara – BAER, S.A, contra la Ordenanza de Ejidos reformada en 2015 por el Concejo Municipal de Iribarren, que no sólo declara como tal las franjas donde se encuentran los asentamientos irregulares, sino también la pista y parte de la Base Aérea Vicente Landaeta Gil; se analizan no sólo las razones del recurso, sino las consecuencias.
Al respecto fue consultado el abogado Emilio Urbina, quien solicitó la nulidad parcial con suspensión de efectos (medida cautelar) de la ordenanza, la cual fue expresada en sentencia Nº 208 de abril de 2017.
Detalló que la nulidad de la ordenanza representa consecuencias importantes, ya que le otorga al caso notoriedad judicial, por lo que dada la gravedad del asunto no se trata solamente de notificaciones formales, sino que de un problema nacional. La sentencia entonces acumula los dos expedientes (mismo objeto y misma pretensión), lo que sumado a la notoriedad, significa que el procedimiento no se detendrá por una falta de notificación a las partes (Concejo Municipal, Síndico Municipal y otros).
Entre las consecuencias graves, Urbina recordó que en diciembre de 2015 se publicó la sentencia Nº 1.649, tras su petición de interpretación del artículo 181 constitucional para efectos de la declaratoria de ejidos. Si bien en la respuesta se alegó que el abogado no tenía cualidad de representación, se advierte que dichas declaratorias le corresponden a la Asamblea Nacional (AN).
Al advertirse la circunstancia y obviarse dicho aviso, se solicita entonces la nulidad de la ordenanza ante la Sala Constitucional, aspecto cuyos elementos en buena medida ya habían sido consultados. En tal sentido, Urbina planteó la posibilidad de que el Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren podría encontrarse en desacato.
“Se pudiera hablar de un posible desacato del Concejo desde el momento en que aprobó la ordenanza, porque sabiendo que ya había un recurso de interpretación constitucional, que parcialmente había resuelto que las declaratorias no las podían hacer los Concejos hasta tanto no hubiera una ley nacional, dictan una declaratoria de ejidos e insisten. La nulidad está de antojitos”, acotó.
Dicha actuación podría acarrear consecuencia penal para concejales que presentaron el proyecto, durante la presidencia de José Alejandro Natera en el Concejo. Para el momento salvaron el voto los concejales Milagro Gómez de Blavia y Digna Suárez.
Emilio Urbina recordó que quien demanda en esta ocasión no es él como abogado, sino el ente nacional que administra los aeropuertos en Venezuela. El ca
o podría pasar al Ministerio Público, por delitos contra la ordenación del territorio.
Explicó que el proceso de nulidad implica la notificación para efectos de aplicabilidad de la medida cautelar, que es de suspensión de los efectos, por tanto, sobre dicha superficie no se pueden tramitar títulos ni concesiones de uso.
Dejar fuera el aeropuerto
Al consultarle si habían medios para excluir los espacios de seguridad aeronáutica de la declaratoria, Urbina señaló que se desconocen los fundamentos de la misma.
El abogado dice haber advertido al Concejo Municipal de Iribarren y a la Alcaldía de Iribarren sobre el peligro y carácter inconstitucional de incorporar las áreas ocupadas irregularmente, sino también áreas de servicio público a la declaratoria, como es la pista del aeropuerto y la Base Aérea. Sin embargo, se hizo caso omiso.
El abogado cuestionó que las autoridades aeronáuticas y del Concejo no hayan trabajado en conjunto sobre este respecto, para superponer los planos y determinar áreas de seguridad, a fin de excluir estas de la declaratoria de ejidos.
Para 2014 la medida sólo comprendía la reubicación de aproximadamente 40 familias.
Fuera del área de seguridad el municipio podía regular según lo considerase necesario.
Respecto a las alternativas posibles, Urbina comentó que se puede discutir la ordenanza y replantear las poligonales, a fin de sacar estas de la pista y Base Aérea, fuera de la zona de seguridad.
Lamentó que se someta a familias al peligro por “mezquindad política” y refirió que las “soluciones improvisadas pronto llegarán a su fin”.
Se precisa entonces que las decisiones de contenido político atiendan a los criterios técnicos para evitar males mayores. Llamó a que impere la sensatez técnico-política.
