La defensa de los derechos humanos en Venezuela no es un acto de injerencia, afirmó este martes desde Madrid el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.
En una conferencia en la Casa de América, en la capital española, el ministro afirmó que no se debe «hablar de injerencia cuando se trata de libertad de expresión, derechos humanos, libertad de movimientos», porque «eso son valores universales (…) que están en nuestras propias Constituciones».
«Señalar que se están violando esos derechos no implica una injerencia en asuntos internos, en este caso de Venezuela», enfatizó.
El ministro conservador se encuentra en Madrid para promover la firma, este año, de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, del que su país es miembro fundador junto con Argentina, Uruguay y Brasil.
Venezuela es integrante del bloque, pero en diciembre de 2016, los cuatro países fundadores lo suspendieron como miembro de pleno derecho, en medio del recrudecimiento de la crisis política y económica en el país caribeño.
Más adelante, en abril, los fundadores aplicaron la llamada cláusula democrática del Mercosur a Caracas, después de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las atribuciones de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición.
Dicho proceso incluye un llamamiento a respetar el calendario electoral inicialmente previsto en Venezuela, y podría desembocar incluso en su expulsión del Mercosur.
Loizaga recordó que el Mercosur tiene un protocolo de derechos humanos, firmado en 2005 en Asunción. Sin embargo, añadió el ministro, Venezuela no ratificó dicha convención, que dispone que «el respeto a los derechos humanos es casi una condición sine qua non para un proceso de integración en el Mercosur».
Desde abril, la crisis política venezolana evolucionó con la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente, que debe elegirse el 30 de julio.
La oposición ve en ello un «fraude» destinado a que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se perpetúe en el poder, y el 16 de julio celebrará un plebiscito simbólico, para que la gente exprese si apoya o rechaza dicha Constituyente.
