Malestar y preocupación genera una medida que años atrás representó alivio económico. El reciente aumento salarial, decretado por el presidente Nicolás Maduro, (situó el salario mínimo en Bs. 97.531, luego del ajuste del 50%, lo que ubicó el ingreso integral en Bs. 250.531 por mes, si se estima que el bono de alimentación se fijó en 17 Unidades Tributarias de Bs. 300), acrecienta las tensiones en el país y pone en riesgo más de un puesto de trabajo y millones de bolsillos venezolanos.
Al respecto fue consultado el economista y analista financiero Jesús Casique, quien refirió que dicho ajuste es resultado de la improvisación gubernamental en materia económica y estimulante del aceleramiento inflacionario. Recordó que este sería el tercer aumento salarial decretado en 2017 (en enero el salario se incrementó a Bs. 40.638 y en mayo a Bs. 65.021), pero ninguno ha solventado la disminución del poder adquisitivo del venezolano.
Del monto integral percibido, 39% corresponde a salario mínimo y 61% a bono de alimentación, proporción que debería ser inversa.
A juicio de Casique, con esta disposición el Gobierno reconoce que Venezuela atraviesa una inflación galopante, pero en lugar de atacarla, aplica la indexación salarial, lo cual genera un mayor impacto en los sectores manufactureros y de prestación de servicios. Al incluir en este panorama la Ley de Precios Justos, que en la práctica no se aplica en el mercado (los precios se marcan algunos con base en Dicom otros al dólar paralelo), se entiende que no hay mayor producción ni mayor poder adquisitivo.
El incremento se traduce en una simple emisión de dinero inorgánico, apoyada por el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que igualmente impulsa la inflación, indicador que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecto para Venezuela en 2017 en 1.134%. Esto representa una inflación intermensual promedio de entre el 22% y 24%, cifra “extremadamente alta”, que no corresponde al registro anual de países como Perú, Chile y otros.
En este sentido, la medida tendrá fuerte impacto en las empresas, que además enfrentan los ajustes en sus presupuesto por incremento en la tasa oficial con la activación del sistema de Divisas Complementarias (Dicom) que ha pasado de Bs. 700 a Bs. 2.000 en promedio.
En términos generales la caída del poder adquisitivo del venezolano se calcula en 25% aproximadamente, sobre la merma que ya viene sosteniendo.
El panorama económico se podrá complicar aún más entre octubre y noviembre cuando Venezuela debe desembolsar $1.544 millones y $1.890 millones, respectivamente, como parte del pago de la deuda internacional. El país evitará en default y disminuirá las importaciones públicas. La escasez por tanto puede recrudecer aún más.
Han cerrado 38 empresas
Empresas larenses que en 2016 mantenían una nómina de casi 100 trabajadores, en la actualidad laboran con 30 personas o menos, motivado a la caída productiva y constantes presiones económicas.
Al consultarle a Alberto Gámez, presidente para Lara de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), sobre el impacto que tienen estos ajustes salariales en las empresas, detalló que la reducción de personal ha sido el sacrificio más lamentable. “Y los mismos trabajadores lo saben, por eso temen cada vez que hay un incremento de estos. Los rechazan, porque no sólo no consultan a los empresarios, sino que tampoco toman en cuenta a los trabajadores y sus representantes. El rechazo proviene incluso de adeptos al oficialismo que laboran en las empresas privadas”.
El empresario detalló que el incremento genera dicho efecto en la población por el aumento desproporcionado en los precios de bienes y servicio de primera necesidad. “Hoy (ayer) mis trabajadores lo primero que me dijeron fue que la harina de maíz ya la venden los bachaqueros en doce mil bolívares”, comentó Gámez, quien lamentó que esta situación disminuya la posibilidad de alcanzar una dieta balanceada.
Sobre cómo reciben este ajuste los empresarios, comentó: Ya lo veníamos venir, porque el Gobierno lo ha tomado como práctica… Además, creen que necesitan aumentar los salarios para desviar la atención de la Constituyente y de tanto muerto en la calle, pero no es así, el Gobierno está debilitado.
“Esto será más inflación”, manifestó Gámez, quien apuntó que el Ejecutivo asume el pago de la nómina pública de aproximadamente tres millones de empleados a través de la emisión de dinero inorgánico, posibilidad con la cual no cuentan los empresarios, que laboran en promedio al 30% de su capacidad operativa instalada.
En opinión de Gámez, el actual esquema “quiebra cualquier empresa”. El sector privado ha diversificado su actividad o migrado de rubro, en el caso comercial. Quienes no han hallado una opción han cerrado. En el primer semestre del año Fedecámaras-Lara reportó el cierre de 38 empresas afiliadas, entre grandes, medianas y pequeñas, comercios y servicios. A esta cifra se deben sumar las no afiliadas.
Porcentaje de ingreso neto
La posibilidad de maniobra se reduce y los compromisos laborales aumentan. La pequeña y mediana industria en Lara se declara fiel cumplidora del ordenamiento vigente y sostiene que asumirá el reciente incremento salarial, no obstante, reconoce que será un fuerte impacto para el sector. Así lo estimó Jesús Enrique López, presidente de la Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales del estado Lara (Capmil), quien refirió que el aumento salarial no satisface las necesidades de los trabajadores, ni siquiera para la adquisición de la Canasta Básica Familiar. Si bien el BCV no hace pública la cifra de inflación, se estima que sea superior al 500%, por lo que el reciente ajuste no solventa ninguna falla.
Opinó que cada aumento debería estar acompañado de medidas económicas que estimulen la producción nacional. Asimismo, recordó que cada devaluación es un aumento del costo de las materias primas y es sólo el Estado quien funciona de la mano del Dicom, esquema que a su vez reconoció como un avance en términos económicos.
Son múltiples las contradicciones y mayor la contracción. Por tanto, se estima que este ajuste limita e impida la creación de nuevas plazas de trabajo e incluso complica la posibilidad de mantener los puestos de empleo actuales, en especial en las pequeñas empresas.
Una pequeña empresa que mensualmente produzca Bs. 7 millones y mantenga una nómina de diez empleados, deberá destinar al menos el 22% de su venta bruta al pago de bonos de alimentación, lo cual incrementará considerablemente los costos y representará mayor inflación.
“Eso es un plomo en el ala de las pequeñas y medianas industrias… Al comerciante y prestador de servicios le será más difícil asumir este costo”, manifestó el empresario.
Si bien a escala industrial los costos se pueden trasladar a los precios, el sector comercial es uno de los más normados y por tanto más restringido. Al final, son los clientes quienes llevan a cuesta la recarga.
